El Gobierno sólo ha reconocido 9 asesinatos contra periodistas perpetrados en 2022; la opinión pública y organizaciones contabilizan 11
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En lo que va del 2022, once periodistas han sido asesinados posiblemente vinculados a su profesión. Sin embargo, para el Gobierno Federal, solo nueve casos son investigados bajo esa línea y, eventualmente, los responsables serán condenados con esa agravante.
Ante esta discrepancia, Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), aseguró que el fatídico listado se determinó con base en actuaciones ministeriales de las Fiscalías y testimonios de familiares, quienes “aclararon la principal actividad de su victimado”.
“Se ha dicho que son 11, nosotros señalamos que son nueve (…) Lo que no implica que no sean homicidios; que no se estén persiguiendo”, puntualizó.
Es así que los dos asesinatos que la SSPC no indaga con carácter de agresión a la prensa son de Jorge Luis Camero, ultimado en Sonora el 24 de febrero, y Roberto Toledo, en Michoacán el 31 de enero.
Dos asesinatos cometidos en el 2022 no son considerados por la SSPC como agresiones a la libertad de expresión. (Foto: captura de pantalla)Roberto Toledo
Con tres asesinatos perpetrados (Luis Albeto Gamboa, Margarito Esquivel y Lourdes Maldonado), enero comenzaba a vislumbrar como el inicio del que ahora se considera el año más letal hacia la prensa del Gobierno de AMLO.
Roberto Toledo se convirtió en el cuarto asesinato del mes luego que tres personas lo ultimaran de manera “ruin y cobarde” en la puerta de la redacción para la cual colaboraba, Monitor Michoacán, ubicada en Zitácuaro.
“Así las cosas con Monitor Michoacán, exhibir corrupciones de políticos y funcionarios el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros”, denunció el director, Armando Linares.
Un día después del crimen, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, desmintió que Toledo ejerciera como comunicador aclarando que laboraba como auxiliar de un despacho de abogados “de acuerdo con investigaciones judiciales”.
Sin embargo, pese a que Linares declaró para Reporteros Sin Fronteras (RSF) que el objetivo de los agresores – posibles miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CNJG) – era Monitor Michoacán y no Toledo, el director aseguró que el periodista sí había colaborado ocasionalmente en artículos donde denunciaba favoritismo dentro de la policía local: “No quería firmar sus artículos para evitar problemas”, comentó al denunciar que el portal ya había recibido amenazas telefónicas anónimas.
Armando Linares fue asesinado el 15 de marzo; su muerte sí es investigada como un ataque a la libertad de expresión. En tanto, de Roberto Toledo aún no hay avances, sospechosos o detenidos. Y Monitor Michoacán cerró sus puertas tras el doble homicidio y de reprobar al Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y a la Fiscalía General del Estado (FGE) por proteger a los asesinos que “se encuentran dentro de ambas filas”.
Los casos de Roberto Toledo (izquierda) y Jorge Luis Camero (derecho) no son investigados como agresión a la prensa. (Ilustración: Infobae / Jovani Pérez)Jorge Luis Camero
En el 2022, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció 55 homicidios a periodistas cometidos durante la administración de López Obrador.
Entre éstos se había incluído a Jorge Luis Camero, asesinado con arma de fuego el 24 de febrero pasado al interior de un gimnasio en Empalme, Sonora.
Aunque El Choche, como lo conocían sus amigos, se desempeñaba como secretario particular del alcalde del municipio, Luis Fuentes Aguilar, la organización Periodistas Desplazdos y Agredidos A.C aseguró que también ejercía como director del portal local, El Informativo; razón por la que se condenó el hecho como un nuevo ataque a la prensa.
Pese a ello, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) sonorense refrendó que, según declaraciones del propio Fuentes Aguilar, Luis Camero había dejado de publicar en el medio tras incorporarse como servidor público. Es así que el órgano descartó el ataque a la libertad de expresión como línea de investigación.
En su lugar, la institución redireccionó las indagaciones para vincular su muerte con un presunto vínculo con grupos delictivos relacionados al narcotráfico. Esto, al revelar que El Choche era investigado por los delitos de privación de la libertad y homicidio calificado contra un ex compañero – quien lo señaló de pertenecer a una organización criminal y por lo cual Jorge Luis habría solicitado licencia desde el 9 de febrero.
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