El empresario mexicano asegura ser víctima de una persecución fiscal y judicial coordinada para limitar su libertad de expresión.
Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, formalizó una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando ser objeto de una «persecución política». Según el magnate, las acciones emprendidas por el gobierno federal han escalado a niveles que vulneran sus derechos fundamentales.
De acuerdo con un comunicado emitido por Grupo Salinas, el empresario sostiene que sus compañías han sido blanco de una estrategia coordinada que incluye auditorías fiscales intensivas y presiones judiciales y administrativas. Salinas Pliego argumenta que estas medidas no son rutinarias, sino que están diseñadas para restringir su participación en el debate público nacional.
La defensa del empresario señala que este hostigamiento institucional tiene como fin último silenciar sus críticas hacia la administración pública y limitar su libertad de expresión. El documento presentado ante el organismo internacional resalta que el uso del aparato estatal para fines particulares de persecución contraviene tratados internacionales de derechos humanos.
Con esta acción ante la CIDH, Salinas Pliego busca protección internacional frente a lo que denomina una campaña de desprestigio y asfixia financiera. El caso abre un nuevo capítulo en la tensa relación entre el dueño de TV Azteca y las autoridades fiscales mexicanas, quienes reclaman adeudos millonarios en impuestos.
