Declaraciones contenidas en la investigación por huachicol fiscal mencionan supuestos acuerdos y facilidades aduaneras, mientras la FGR precisa que no existen pruebas legales para abrir una indagatoria.
En medio de la polémica por la revocación de la visa estadounidense a Andrés López Beltrán y los señalamientos que lo relacionan con el contrabando de combustible, se dieron a conocer detalles de la orden de aprehensión de la causa penal 325/2025 contra los empresarios Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, donde testigos colaboradores hacen alusión al “hijo del presidente”.
Dentro del expediente, el testigo identificado con la clave “YR” (páginas 30 y 480) relató que ante el temor de los involucrados por el fracaso de las operaciones, se les aseguró que se trataba de un “choque político” entre el entonces secretario de Seguridad, referido como “Arfuch”, y “el hijo del Presidente”, pero que ya se había alcanzado un acuerdo. Asimismo, en la página 37, el testigo protegidos “Santo” declaró haber comunicado al capitán Carlos Estudillo Villalobos que no debía preocuparse por el ingreso constante de buques, pues dicho conflicto político ya estaba resuelto.
Aunque el documento oficial no cita de manera explícita el nombre de Andrés López Beltrán, el abogado defensor de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, confirmó en entrevista radiofónica con Azucena Uresti la existencia de dos declaraciones —una de un testigo protegido y otra de personal de la aduana marítima de Guaymas— que afirman que la red contaba con el “visto bueno o las facilidades de Andy”, e incluso mencionan al senador Adán Augusto López Hernández.
Ante la difusión de estos datos, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, publicó un comunicado aclarando que el Ministerio Público de la Federación no cuenta con datos de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una investigación formal al respecto. En tanto, Andy López Beltrán y su hermano Gonzalo cuentan con amparos (1728/2025 en la Ciudad de México y 1446/2025 en Tabasco) para frenar posibles órdenes de aprehensión, mientras dirigentes del PAN, como Jorge Romero, exigen a la UIF revisar su patrimonio.
Fuente: FGR / PJF | © Redacción NoticiasPV