Organizaciones civiles y el Gobierno Municipal han desactivado 17 jaulas clandestinas en cuerpos de agua locales, logrando poner a salvo a cuatro ejemplares en la laguna de Coapinole. Advierten sobre sanciones penales por tráfico e intento de captura de la tortuga casquito.
La presión sobre la fauna nativa de la región se ha agudizado de manera alarmante. Durante el transcurso de la última semana, activistas ecológicos e inspectores municipales lograron ubicar y neutralizar un acumulado de 17 trampas tipo jaula destinadas al tráfico y extracción furtiva de la tortuga casquito de Vallarta (Kinosternon), una variedad endémica que se encuentra bajo protección especial por la legislación ambiental del país.
El caso más reciente se registró el pasado domingo 9 de agosto en la laguna del Coapinole. Mientras se desarrollaban labores comunitarias de reforestación y siembra de árboles en las inmediaciones del vaso regulador, vecinos detectaron cabos y redes sospechosas que se internaban hacia la zona de agua. Tras el reporte, la Dirección de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento gestionó los permisos de intervención oportunos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al tratarse de un ecosistema delimitado y bajo salvaguarda federal.
Al proceder con la inspección en el perímetro acuático, funcionarios locales extrajeron dos estructuras metálicas de captura. En el interior de la segunda trampa se hallaron cuatro especímenes del género Kinosternon, entre ellos una hembra en edad reproductiva perteneciente a la especie nativa de Vallarta. Por otro lado, la autoridad identificó un daño en la delimitación perimetral de malla ciclónica, situado junto a las canchas de voleibol, el cual es utilizado de forma indebida por particulares para penetrar a la reserva natural sin autorización.
Estas acciones en Coapinole complementan los hallazgos reportados por la agrupación «Estudiantes Conservando la Naturaleza», cuyos brigadistas desmantelaron previamente 15 artefactos similares en diversos hábitats del municipio. La constante localización de estos dispositivos evidencia que las redes de saqueadores han incrementado su presencia en arroyos y humedales de la mancha urbana.
Frente a este escenario, las dependencias ecológicas recordaron que el aprovechamiento no autorizado, cautiverio y comercialización de fauna silvestre protegida constituye un delito federal, cuyas consecuencias legales abarcan severas sanciones económicas e incluso penas de cárcel. Por ello, se solicitó la colaboración permanente de los colonos para denunciar cualquier presencia extraña o instalación sospechosa en los entornos naturales donde habita este reptil.
Fuente: Agencia Jafríco | © Redacción NoticiasPV