El expediente judicial revela la magnitud de la red, con más de 500 empresas bajo la lupa y episodios de violencia que han marcado la investigación
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Un documento reciente apunta que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la oficina de la presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por su presunta implicación en una red de lavado de dinero y contrabando de combustibles ilícitos, conocida como huachicol fiscal. Esta indagatoria, que involucra a altos funcionarios, militares y empresarios, podría revelar una trama de corrupción de gran escala en el aparato estatal mexicano.
De acuerdo con documentos de la FGR citados por la periodista Azucena Uresti, Vector Casa de Bolsa figura entre las instituciones financieras señaladas en una investigación que abarca a 555 empresas dedicadas a la importación y comercialización de combustibles ilegales.
La fiscalía sostiene que Vector habría facilitado el lavado de aproximadamente 220 millones de pesos, fondos generados por el grupo Potesta, una de las principales empresas implicadas en el esquema de huachicol fiscal. El mecanismo consistía en disfrazar combustibles como lubricantes o aceites para evadir impuestos, lo que permitía su venta en el mercado nacional con un margen de ganancia ilícito.
La magnitud de la red quedó evidenciada en un informe de inteligencia fechado el 18 de julio del año pasado. En este documento, se detalla que, de las 555 empresas bajo investigación, 109 han sido clasificadas como prioritarias por su papel central en la operación.
Vector Casa de Bolsa aparece en dos pruebas clave presentadas por la fiscalía para solicitar órdenes de aprehensión, lo que refuerza su presunta implicación en el lavado de recursos provenientes del contrabando de combustibles.
Personas bajo arresto, altos mandos, empresarios y exfuncionarios… Una lista que continuará
El avance de la investigación ha derivado en la detención de 14 personas, entre ellas marinos en activo y en retiro, agentes aduanales y empresarios.
Destacan los hermanos Farías Laguna, un vicealmirante y un contraalmirante, quienes, según la FGR, desempeñaron un papel relevante en la red. Uno de ellos permanece prófugo, mientras que el otro ya fue capturado.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero anunció que se preparan alrededor de 200 órdenes de aprehensión adicionales contra empresarios, marinos y otros funcionarios presuntamente vinculados al desvío de recursos y evasión de miles de millones de pesos en impuestos.
La respuesta de los altos mandos ha sido limitada. El exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, bajo cuyo mando operaban los marinos implicados, no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso, pese a las crecientes demandas de transparencia y rendición de cuentas.
La falta de explicaciones ha generado cuestionamientos sobre el nivel de conocimiento y responsabilidad de los funcionarios de la administración anterior, incluido el expresidente López Obrador, así como de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, quien enfrenta el reto de esclarecer hasta dónde llegan las complicidades dentro de las fuerzas armadas y el gobierno.
El caso ha trascendido fronteras
Autoridades de Estados Unidos, entre ellas el Departamento del Tesoro y el senador Marco Rubio, han señalado a Vector Casa de Bolsa y otras instituciones financieras mexicanas por facilitar el lavado de dinero a cárteles del narcotráfico, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
Hace algunos meses, el Departamento del Tesoro ya había incluido a Vector en una lista de entidades bajo sospecha por su presunta colaboración en operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al crimen organizado, una situación que ahora se ve reforzada por los hallazgos de la FGR.
El contexto de la investigación es especialmente delicado, ya que se han registrado episodios de violencia y muertes de funcionarios relacionados con el caso, incluyendo el asesinato de un delegado de la fiscalía en Colima, una investigadora y un marino, así como el suicidio y la muerte accidental de otros involucrados.
La carpeta de investigación, que supera las 500 páginas, revela la amplitud de la red y la dificultad de desentrañar todas sus ramificaciones.
Mientras la FGR continúa con las audiencias y el análisis de pruebas, varios de los detenidos ya han sido vinculados a proceso. Se prevé que en las próximas etapas judiciales surjan nuevos nombres y detalles sobre la operación, lo que podría ampliar aún más el alcance de la investigación y sus repercusiones en la vida política y económica del país.