El periodista asegura que B-King es “la única pieza” que no encaja en el rompecabezas, pues no se entiende por qué Regio Clown lo llamó a México
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La desaparición y posterior asesinato de dos músicos colombianos, B-King y Regio Clown, en México continúa arrojando datos que explicarían qué hay detrás del doble crimen.
Recientemente, el periodista de investigación Antonio Nieto reveló que Regio Clown, una de las víctimas, habría sido previamente objeto de un intento de secuestro en el país.
De acuerdo con sus declaraciones en el noticiero de Adela Micha, este antecedente quedó al descubierto a partir de testimonios recabados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la Fiscalía del Estado de México, aunque precisó que no existe una denuncia formal sobre este hecho.
“Regio Clown, no, él ya había venido (a México) varias veces, incluso había, aparentemente, sufrido un intento de secuestro… No hay denuncia, son testimonios que ha recabado la fiscalía de la Ciudad de México y del Estado”, mencionó.
Contrato dudoso

El reportero precisó que distintas organizaciones criminales compiten por el control de zonas estratégicas ligadas al narcomenudeo y los eventos nocturnos en la capital desde hace tiempo. Nieto aclara que, salvo el caso de Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, y el futbolista Salvador Cabañas, todos los hechos violentos registrados en antros, bares y fiestas clandestinas han estado relacionados con el narcomenudeo.
Dentro de este entramado, La Unión Tepito figura como el grupo dominante en la vida nocturna y los circuitos de fiestas electrónicas, ambientes en los que Regio Clown participaba frecuentemente.
“Quien controla la vida nocturna, los DJs, los centros nocturnos, la venta de droga en bares, en el corredor Insurgentes, es La Unión. Nadie se ha metido allí en 15 años”.
Explicó también que los testimonios recogidos por la fiscalía indican que Regio Clown tenía relevancia en la organización de eventos y coordinación de cobros y accesos, facilitando con esto el negocio de la venta y distribución de drogas, especialmente tucibi (cocaína rosa), en fiestas privadas y clubes de moda.
“De los testimonios que dan dos personajes que aquí tengo, no puedo decir sus nombres, pero hay dos personajes que han declarado ante la fiscalía. Él no sabía (B-King) que Regio Clown había tenido amenazas, que Regio Clown había sido presuntamente agredido ya aquí en México, porque aparentemente él era la conexión con la venta de tucibi. No es que él se pusiera a vender porque es el DJ, pero sí es el que tiene influencia en la organización de los eventos, en el cobro de las entradas, en los porcentajes a los que se van todos los implicados”, indicó.

En ese contexto, persiste la duda de qué papel jugaba B-King, considerada como “la única pieza que no encaja” en el rompecabezas.
De acuerdo con el periodista, uno de los aspectos poco claros se refiere a la naturaleza del evento por el que B King viajó a México, pues ni siquiera hay contrato firmado. Nieto pone en duda la versión que ambos músicos, de géneros distintos, estuvieran en lo que se anunciaba como una fiesta mexicana. También se desconoce cómo se conocieron ambos músicos y por qué Regio lo invitó a dicho evento.
Sobre B-King, Nieto fue enfático: “No hay ningún testimonio que lo vincule directamente a él”, indicando que la víctima habría sido arrastrada a una situación ajena a su carrera musical y desconocida para él.
Hay cuatro detenidos
Las autoridades mexicanas han vinculado a proceso a cuatro personas por su presunta participación en el asesinato de B-King y Regio Clown. La lista de detenidos la encabeza Jaime N., expropietario del Mercedes Benz en el que los músicos fueron vistos por última vez.
Jaime N. se dedica a la compra y venta de autos siniestrados y asegura que ya había vendido el vehículo cuatro meses antes del crimen. Pruebas forenses descubrieron un vaso con ADN de una de las víctimas en dicho vehículo.

Entre los procesados figuran también José Luis N., conocido como “El Güero Grúas”, dueño de un taller de hojalatería ubicado en Los Reyes La Paz, e identificado por las autoridades como quien dio la instrucción de modificar y pintar los rines del automóvil implicado.
Junto a él, permanecen detenidos dos trabajadores más, Luis Alberto N. y Angélica N., señalados por haber participado en las labores para cambiar la apariencia del vehículo, presuntamente con el propósito de dificultar su rastreo por las fuerzas de seguridad.
El estatus judicial de los implicados es de “cooperadores”, ya que hasta ahora la fiscalía no ha podido acreditar que alguno de ellos fuera el autor material directo del doble homicidio. Por esa razón, el juez determinó su reclusión en el penal de Chalco durante el periodo de investigación complementaria, fijado en dos meses.
Además del grupo vinculado por la fiscalía al homicidio, el caso ha estado marcado por denuncias de detenciones irregulares y tortura. Cuatro ciudadanos colombianos —Yuli Felicidad, Yonier Mantilla, Leandro Quintero y Juan Fernando Córdoba— reportaron haber sido víctimas de detención arbitraria y abusos por parte de la Fiscalía del Estado de México.
Según testimonios, no fueron arrestados inicialmente como sospechosos directos del homicidio, sino que la autoridad intentó relacionarlos al doble crimen a través de interrogatorios considerados violentos.
Las denuncias detallan que las personas detenidas habrían sido sometidas a asfixia con bolsas, golpes, amenazas y presiones para que confesaran una relación con el crimen. También relataron múltiples cambios en el motivo legal de su detención: tras ser liberados por falta de pruebas sobre el doble homicidio, fueron reaprehendidos inmediatamente fuera del Ministerio Público y acusados entonces de delitos distintos, como cohecho o extorsión.