La reciente reforma al Artículo 127 constitucional impone un tope de 70 mil pesos mensuales a los retiros del sector público, lo que afectará a más de 93 mil extrabajadores que denuncian violaciones a sus derechos adquiridos.
Más de 93 mil extrabajadores de organismos estratégicos como Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro se encuentran en pie de lucha tras la entrada en vigor de una reforma que limita las pensiones financiadas con recursos públicos. Según la Alianza Nacional de Jubilados, la modificación al Artículo 127 constitucional establece un tope que no podrá exceder el 50 por ciento del salario presidencial, lo que en la práctica significa reducciones de hasta el 60 por ciento para quienes perciben jubilaciones superiores a los 70 mil pesos mensuales.
El conflicto escaló este fin de semana con movilizaciones masivas en la Ciudad de México, donde los afectados denunciaron que la medida vulnera el principio de no retroactividad de la ley. Los inconformes argumentan que el decreto, publicado el pasado 10 de abril, modifica condiciones laborales pactadas hace décadas, afectando la estabilidad financiera de miles de familias que dedicaron su vida al desarrollo energético e institucional del país.
Ante lo que el gobierno federal denomina un combate a las «pensiones doradas» para generar ahorros de 5 mil millones de pesos anuales, los jubilados anunciaron una contraofensiva legal. Esta estrategia incluirá la presentación masiva de amparos y denuncias ante organismos internacionales, bajo la premisa de que los derechos adquiridos no pueden ser borrados por decreto, sentando un precedente de incertidumbre jurídica para todo el sector público.
Fuente: Diario Oficial de la Federación | © Redacción NoticiasPV
