Bajo la Recomendación 5/2026, el organismo defensor acredita que elementos preventivos «cazaron», secuestraron y torturaron a un ciudadano en noviembre de 2023; exigen castigo penal y administrativo contra los uniformados implicados este lunes 30 de marzo de 2026.
La mancha de la brutalidad y el abuso de poder ensombrece nuevamente a la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta. Este lunes 30 de marzo de 2026, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) hizo pública la Recomendación 5/2026, un documento demoledor que acredita que la corporación no solo detiene arbitrariamente, sino que utiliza la tortura como método de operación. La resolución, derivada de la queja 2809/2023/III, pone en evidencia el rostro más oscuro de quienes juraron proteger a la ciudadanía.
La cacería: Del levantón a la tortura física
Los hechos, ocurridos el 19 de noviembre de 2023, parecen sacados de un guion criminal: elementos de la policía municipal interceptaron a una persona que caminaba libremente por la vía pública. Sin causa justificada ni orden de por medio, la víctima fue sometida, privada de su libertad y trasladada a un punto desconocido. Ahí, lejos de las cámaras y el escrutinio, fue agredida físicamente de forma sistemática y despiadada, para finalmente ser abandonada bajo amenazas de muerte.
Pruebas científicas: El Protocolo de Estambul no miente
Para la CEDHJ, las pruebas son irrebatibles. Los dictámenes médicos y psicológicos realizados bajo el Protocolo de Estambul confirmaron que las lesiones sufridas por la víctima —quien requirió hospitalización urgente tras la golpiza— corresponden fehacientemente a actos de tortura. La investigación desnudó además la red de mentiras dentro de la corporación: los informes policiales presentaron inconsistencias graves y contradicciones burdas con los registros oficiales de aquel día, lo que sugiere un intento de encubrimiento institucional.
Exigencias al Gobierno Municipal: Reparación y castigo
Ante la gravedad de los hallazgos, la CEDHJ ha lanzado una serie de mandatos imperativos al Ayuntamiento de Puerto Vallarta:
Reparación Integral: Inscripción inmediata de la víctima en el Registro Estatal de Víctimas para garantizar la indemnización.
Salud Permanente: Atención médica y psicológica especializada, gratuita y de por vida para el afectado.
Purga en la Corporación: Concluir de inmediato los procesos administrativos contra los policías torturadores y colaborar con la Fiscalía para que el castigo sea penal.
Capacitación Obligatoria: Implementar un programa de derechos humanos que no sea solo de papel, sino de cumplimiento forzoso para todo el personal operativo.
Este lunes, la recomendación queda como un testimonio de la impunidad que impera en los pasillos de Seguridad Pública y como un llamado urgente a limpiar una corporación que, lejos de dar seguridad, se ha convertido en un riesgo para la integridad de los vallartenses en este 2026.
Fuente: Agencia Jafríco | © Redacción NoticiasPV
