Registros de hospedaje, geolocalización y contratos de vehículos documentan la presencia recurrente de agentes estadounidenses en instalaciones de seguridad estatal antes de la tragedia en la sierra de chihuahua.
A medida que avanzan las indagatorias judiciales en torno al fallido operativo de El Pinal —registrado en abril de este año en el municipio serrano de Morelos, Chihuahua—, la situación jurídica del ex fiscal especializado en Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, se ha complicado tras librarse una orden de aprehensión en su contra por los delitos de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Las investigaciones ministeriales sitúan a Zuany en el centro de la trama por su presunta coautoría junto al ex fiscal general César Jáuregui Moreno, al permitir presuntamente la infiltración y participación de agentes extranjeros adscritos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en labores de adiestramiento y planeación operativa, un caso que derivó en un trágico accidente automovilístico donde perdieron la vida mandos policiales y dos ciudadanos estadounidenses.
De acuerdo con los expedientes incorporados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), los rastros documentales recabados incluyen reservaciones hoteleras, contratos de arrendamiento vehicular y registros de geolocalización que confirman la presencia intermitente en territorio chihuahuense de los estadounidenses Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black desde octubre de 2025 hasta la fecha del despliegue en abril de 2026.
Los informes periciales detallan que los vehículos rentados por los extranjeros ingresaban de forma cotidiana al Complejo Estatal de Seguridad Pública y mantenían una estrecha cercanía con la estructura de mando que encabezaba Zuany Portillo, quien presentó su renuncia al cargo el pasado 13 de mayo bajo un procedimiento administrativo interno y cuyo paradero actual se mantiene completamente desconocido para las autoridades ministeriales.
El trágico saldo del operativo, ocurrido entre el 17 y el 19 de abril con el propósito aparente de desmantelar un narcolaboratorio, cobró la vida del entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes; del escolta y conductor Manuel Genaro Méndez Montes; y de los dos agentes de inteligencia norteamericanos, luego de que la camioneta en la que viajaban se desbarrancara en un camino vecinal y estallara.
Mientras César Jáuregui enfrenta procesos paralelos tanto en el fuero común como en el ámbito federal —donde recientemente fue vinculado a proceso por traición a la patria y permanece recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano—, las indagatorias ministeriales continúan ampliándose para esclarecer el grado de responsabilidad institucional, el manejo irregular de indicios y la cadena de mando que permitió la injerencia de personal extranjero en operaciones reservadas exclusivamente a las fuerzas de seguridad nacionales.
Fuente: Fiscalía General del Estado de Chihuahua / Expedientes judiciales y ministeriales | © Redacción NoticiasPV
