El 5 de marzo de 2025 quedó al descubierto una red de adiestramiento criminal y desaparición forzada en Teuchitlán en el Rancho Izaguirre; hoy, las familias denuncian que la FGR mantiene bajo llave 1,800 evidencias clave mientras las condenas de los responsables son reducidas.
Este 5 de marzo de 2026 se cumple el primer aniversario del hallazgo del Rancho Izaguirre, en el ejido La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco. Lo que comenzó como una incursión del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, tras una denuncia anónima, terminó revelando la infraestructura de reclutamiento forzado más sofisticada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual operó durante años bajo el amparo de autoridades locales.
La red de complicidad institucional
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que el predio de 10 mil metros cuadrados funcionaba gracias a una red de protección encabezada por el entonces alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago. El edil utilizaba patrullas y policías municipales para vigilar el sitio y evitar fugas, recibiendo pagos mensuales de 70 mil pesos en efectivo por parte de la organización criminal. Incluso, se le vincula con José Gregorio Lastra, alias “El Comandante Lastra”, en la supervisión de fosas clandestinas dentro del inmueble.
Adiestramiento forzado y «pedagogía del miedo»
El modus operandi se basaba en el engaño: ofertas de empleo para guardias de seguridad en TikTok y terminales de autobuses. Los jóvenes reclutados eran incomunicados y sometidos a un régimen de terror descrito por sobrevivientes como «Néctar» y «María». Los testimonios detallan rutinas físicas extenuantes, castigos grupales, adiestramiento en armas y la obligación de participar en rituales violentos, incluyendo la limpieza de restos humanos y, en casos extremos, el consumo de carne de origen incierto como mecanismo de control.
Justicia a cuentagotas y el reclamo de las familias
A pesar de que en julio de 2025 se dictó una sentencia de 131 años contra diez implicados —incluyendo al exalcalde y a líderes como “La Leona”—, en febrero de 2026 el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco modificó el fallo, reduciendo la condena en aproximadamente 10 años. Mientras tanto, la FGR mantiene bajo resguardo en la Ciudad de México más de mil 800 prendas y objetos personales hallados en el sitio, negando a las madres buscadoras el acceso presencial para identificar pertenencias que podrían confirmar el paradero de sus hijos desaparecidos en Jalisco y Zacatecas.
A un año del hallazgo, el Rancho Izaguirre permanece como una herida abierta. Mientras la ONU califica el caso como “perturbador”, los colectivos denuncian que las autoridades estatales han comenzado a retirar fichas de búsqueda en zonas céntricas para «limpiar» la imagen de la ciudad ante eventos deportivos, ignorando que, para miles de familias, la búsqueda de justicia apenas comienza.
Fuente: Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y Expedientes FGR | © Redacción NoticiasPV