Los recursos de Pereyra Gálvez estaban inmovilizados desde 2019 por sus vínculos a la investigación por la que su esposo fue declarado culpable en la Corte de Brooklyn
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Después de más de tres años de que se ordenara el congelamiento de sus cuentas bancarias, Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, obtuvo un amparo que revierte dicha medida e instruye el desbloqueo de sus activos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El fallo fue dado a conocer mediante una tarjeta informativa en los canales oficiales de la UIF el 21 de febrero y en él se especificó que el dictamen provino del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México.
El Tribunal que ordenó, de manera unánime, el descongelamiento de las cuentas de Cristina Pereyra está conformado por el presidente Rolando González Licona, el magistrado Eduardo Baltazar Robles y la magistrada Amanda Roberta García González.
Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos había emitido una petición a México para entregar información bancaria sobre Pereyra Gálvez por su relación con la investigación que llevó a García Luna ante la Corte de Brooklyn y por la que fue declarado culpable.
El bloqueo de cuentas había sido usado como medida preventiva durante las investigaciones. (UIF)En primera instancia, el Juzgado Décimo Segundo había negado un amparo a Pereyra, pues se consideró que la inmovilización de sus cuentas se ajustaba a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permiten la implementación de dicha medida ante la solicitud de “un organismo internacional o una agrupación intergubernamental” sin necesidad de una orden judicial.
Sin embargo, la orden de descongelar los recursos de Cristina Pereyra, repartidos en cuatro cuentas bancarias, se sostuvo en el argumento de que la petición de información de EEUU a México no cumple los requisitos de dichos criterios.
“Contrario a lo que determinó la juez de distrito en el caso, no se desprende elemento que llegue a concluir que el bloqueo de las cuentas bancarias de que se trata se haya emitido con base en alguno de los dos supuestos de excepción que establece la jurisprudencia de la segunda sala 46/2018, esto es, no se advierte que su admisión obedezca al cumplimiento de un ordenamiento de carácter bilateral o multilateral asumida por México, por una solución o determinación adoptada por un organismo internacional en la que incluso se requiera que se congelen las cuentas de manera exprés, por ese motivo se propone en el sentido anunciado”, explicó el magistrado González Licona durante la sesión, de acuerdo con información retomada por Proceso.
Linda Cristina Pereyra fue la única persona que participó como testigo a favor de García Luna durante el juicio. (REUTERS/Jane Rosenberg)¿Quiénes son los magistrados que revocaron el bloqueo de las cuentas?
Rolando González Licona, según la poca información pública que hay disponible sobre él, cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1979 a 1984 y estudió la maestría en Derecho de Amparo, en la Universidad Tepantlato.
Tuvo su nombramiento como Juez de Distrito en noviembre de 1993 y seis años más tarde, en 1999, fue designado Magistrado de Circuito.
Actualmente, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) consultados por Infobae México, percibe un sueldo neto mensual de 151 mil 56 pesos. Uno de los episodios más mediáticos en los que estuvo involucrado en años recientes fue el rechazo de un recurso a Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN).
El 16 de abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un memorándum en el que instruyó a tres de sus secretarios de Estado no aplicar las normas que estaban vigentes en ese entonces por la llamada Reforma Educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto.
La esposa del ex Secretario de Seguridad Pública fue señalada como posible involucrada en el entramado de lavado de dinero encabezado por García Luna. (Infobae México / Jovany Pérez)Ante esto, Marko Cortés interpuso un amparo que le fue rechazado. Cuando trató de apelar el fallo de las autoridades, su recurso también fue descartado, debido a que utilizó la figura de revisión en lugar de un recurso de queja, como debió haberlo hecho, según explicó Rolando González Licona en aquellas fechas.
Por otro lado, Germán Eduardo Baltazar Robles estudió Derecho en la Universidad Regional del Sureste (1984 – 1989), además de una maestría en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y un doctorado en Derecho en esa misma institución.
Llegó al cargo de Juez de Distrito en el año 2000 y por varios años trabajó en cuerpos colegiados del estado de Guanajuato. Fue en 2006 cuando obtuvo su nombramiento como Magistrado de Circuito, puesto que actualmente ostenta en la Ciudad de México. Al igual de González Licona, Eduardo Baltazar Robles recibe un salario mensual neto de 151 mil 56 pesos.
Finalmente, la magistrada Amanda Roberta García González cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana entre 1977 y 1981. Posteriormente, se especializó en áreas alusivas al amparo y al derecho ambiental.
Fue nombrada Jueza de Distrito en noviembre de 1990 y, a lo largo de sus años como funcionaria pública, ha trabajado en distintos tribunales y salas de la Suprema Corte en los estados de Hidalgo, Puebla y la Ciudad de México.
El cargo que hoy desempeña lo alcanzó en agosto del año 2000. Actualmente, acorde con la base de datos oficial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), también recibe 151 mil 56 pesos mensuales.
La inclusión de Cristina Pereyra en la Lista de Personas Bloqueadas había sido una medida cautelar para que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se desarrollaban las investigaciones contra García Luna, pues se presume que formó parte de la trama de lavado de dinero encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública.
“Además, Pereyra Gálvez está demandada ante una corte civil del estado de Florida, Estados Unidos, con el fin de que México rescate 745,8 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario nacional mexicano y trasladados a Miami”, especificó la UIF en su comunicado.
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