Los empresarios mexicanos son señalados como piezas clave en una red de corrupción que involucró el pago de sobornos a funcionarios de la petrolera estatal
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El nombre de Mario Alberto Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez irrumpió en la agenda pública este lunes tras la acusación formal presentada por autoridades federales de Estados Unidos. Ambos, empresarios de origen mexicano y residentes en Texas, son señalados por participar en un esquema de sobornos para obtener y retener contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y su filial de Exploración y Producción (PEP).
La acusación, formalizada en el Distrito Sur de Texas, describe una trama en la que ambos empresarios habrían entregado al menos 150 mil dólares en sobornos, incluyendo artículos de lujo y pagos en efectivo, a al menos tres funcionarios de las empresas estatales mexicanas entre 2019 y 2021, en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Estos pagos presuntamente garantizaron la obtención de contratos por un valor total estimado de 2.5 millones de dólares para compañías afines a los acusados.
¿Qué se sabe de Alexandro Rovirosa?
Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años y originario de Tabasco, es identificado en registros públicos y empresariales como fundador y director general de Roma Energy, una compañía de exploración y producción de petróleo y gas con sede en Texas.
Además de su participación en el sector energético estadounidense, Rovirosa ha figurado como propietario de diversas empresas en México vinculadas a obras de infraestructura y actividades petroleras, entre ellas Tubular Technology y Energy On Shore, ambas con sede en Tabasco y de las cuales también forma parte de sus consejos de administración.
Entre 2018 y 2021, Pemex Exploración y Producción (PEP) entregó contratos por más de 82 millones de pesos a empresas asociadas a Rovirosa.
El 11 de marzo de 2020, Tubular Technology y Energy On Shore recibieron un contrato por cerca de 31 millones de pesos para trabajos en carreteras y plataformas de PEP. También, entre 2019 y 2020, Tubular Technology y otra empresa vinculada obtuvieron un contrato de 52 millones de pesos para trabajos de integridad mecánica.
Un tercer contrato, derivado de la renovación de un acuerdo de mantenimiento de ductos firmado originalmente en 2013, involucró la liberación de un pago de 20 millones de pesos tras la imposición de una multa mínima de 225 mil pesos, gracias a la intervención facilitada mediante sobornos.
En el expediente que sustenta la acusación en Estados Unidos, se detalla que los sobornos incluyeron relojes, bolsos de lujo y dinero en efectivo para convencer a un funcionario sénior de Auditoría Interna de PEP y a dos coordinadores de Procuración. Los documentos del FBI y el HSI precisan que los pagos ilegales superaron los 220 mil pesos.
Rovirosa cuenta también con antecedentes empresariales en el extranjero, pues fue director y único accionista de Roma Energy Holdings LLC LTD, registrada en Inglaterra y Gales en 2015 y disuelta en 2017. En México, obtuvo una licencia para el pozo Paraíso, Tabasco, en 2015.
El documento acusatorio de la justicia estadounidense le atribuye también una relación cercana con integrantes de grupos delictivos en México, aunque estos vínculos no han sido detallados públicamente.
Rovirosa, además, es identificado como colaborador cercano de Omar Vargas, un empresario tabasqueño investigado por defraudar a Pemex mediante el uso de empresas fachada, una de las cuales fue establecida por el notario Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y senador, actualmente en la mira por las acusaciones que arrastra su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar al grupo criminal “La Barredora”.
Rovirosa fue arrestado el 10 de agosto en Texas. Al día siguiente, fue presentado ante la corte federal, declaró no ser culpable y se le impuso una fianza de un millón de dólares, por lo que enfrentará el juicio en libertad. Se prevé que el proceso continúe hasta la apertura formal del juicio
¿Qué se sabe de Mario Alberto Ávila?
Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, acumula una trayectoria pública y política de más de dos décadas. Titulado en administración de empresas y con estudios de posgrado en España, Ávila se inició en la política como colaborador cercano de Juan Camilo Mouriño, influyente figura del Partido Acción Nacional (PAN) que ocupó cargos en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Ávila fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche y, en 2009, compitió como candidato del PAN a la gubernatura de ese estado.
Originario de Pomuch, Campeche, comenzó su carrera en la iniciativa privada como gerente de una distribuidora de automóviles antes de incorporarse a la función pública.
Tras la campaña electoral, se integró a PEMEX y ocupó el cargo de subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de PEP entre 2010 y 2012. Su gestión en la petrolera fue cuestionada por irregularidades.
En 2015, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó durante 10 años tras detectar anomalías en la firma de 12 contratos con Oceanografía y el uso de aeronaves oficiales para fines personales. Parte de los señalamientos incluye que firmó una adenda fuera de su periodo de gestión, lo que facilitó beneficios indebidos a terceros. La inhabilitación concluyó días antes de que se hiciera pública la investigación federal en Estados Unidos.
Actualmente, Ávila permanece prófugo. Las autoridades de Estados Unidos han activado mecanismos de cooperación para ubicarlo y presentarlo ante la justicia.
Cada uno de los acusados enfrenta cargos por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y, en caso de ser hallados culpables, podrían recibir una condena máxima de hasta cinco años de prisión por cada uno de los delitos imputados.
