Entre los tres delitos que considera el fisco, se encuentra la defraudación fiscal con una condena de hasta 9 años de prisión
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Este martes 23 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer cómo operan las empresas que cometen fraude y quiénes son aquellos que recibirán un aviso para que regularicen su situación por emisión de facturas falsas ante la autoridad fiscal.
De acuerdo con el SAT, se ubicaron 43 empresas factureras, que se ven involucradas en la defraudación ante el fisco por un monto aproximado de 55,125 millones de pesos durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.
El hecho forma parte del primer paquete de denuncias, el cual analizó a empresas que facturaron 93,000 millones de pesos en el 2017 a través de operaciones simuladas, es decir, que nunca se realizaron (facturas ficticias).
Hay que recordar que una empresa facturera es aquella que realiza operaciones inexistentes; sin embargo, hay personas que no saben que son utilizados contra su voluntad para realizar un fraude en beneficio de la compañía.
¿Cómo funcionan las empresas factureras?
Las empresas emiten facturas donde desglosan actividades ilegales al comprar o vender bienes ficticios, lo que da como resultado el encubrimiento de: sobornos, tráfico de drogas, extorsión, trata de personas y actos de corrupción.
Las facturas permiten aumentar falsamente los gastos de las empresas para disminuir el pago de sus contribuciones, engañando así al SAT, por lo que se registra como el delito de defraudación fiscal.
También, las llamadas empresas factureras pagan nómina a supuestos empleados, pero no realizan el pago de impuestos correspondiente, es decir, no giraron la retención del ISR.
En ese sentido, los contribuyentes involucrados, que emitieron facturas o las compraron, cayeron en la evasión fiscal de al menos 24,583 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), 11,396 millones respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), y 19,146 millones por retención de ISR en nómina.
“Muchas de estas empresas contrataron, aparentemente, personas que hacían servicios de honorarios, por lo que les pagaban y les retenían el ISR pero nunca se pagó. En total dejaron de entrar 55,125 millones de pesos al SAT”, explicó Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria durante una conferencia de prensa.
Aviso del SAT
*Los contribuyente recibirán una carta del SAT, donde se les invitará a regularizarse. Es importante saber que, todas las personas deberán acercarse a la autoridad fiscal para saber cómo está calificada su situación.
*La invitación será girada a servidores públicos del orden federal, estatal y municipal, así como aquellas que realizan alguna actividad comercial de prestación de servicios, de arrendamiento o de incorporación fiscal, entre otras.
*La misiva se emitirá a través del Buzón Tributario.
*Tendrá que presentarse al fisco en un plazo no mayor a tres meses, pues, hay personas que son engañadas y sin darse cuenta se involucran con empresas del crimen organizado.
*Para ello, el interesado tendrá que asistir con previa cita a las oficinas del SAT para ser orientado y ejecutar una autocorrección.
Cabe destacar que la no corrección, tanto de empresas como de personas físicas involucradas que deducen operaciones simuladas, implica un pacto criminal.
En caso de que no se regularice tomará las siguientes acciones:
*La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) denunciará a las compañías involucradas.
*Las personas físicas que no asistan al SAT a regularizar su situación, en un plazo no mayor a tres meses, se le formularán querellas (demandas) en su contra, pues se toma como un acuerdo criminal entre ambas partes.
A partir de este año se estipuló que una persona a la que se le compruebe defraudación fiscal pagará una condena de hasta 9 años de prisión.
En el caso de delincuencia organizada, la pena es por 16 años de prisión y decomiso de bienes.
Mientras que por el delito de seguridad nacional, la sanción es por más de 13 años de cárcel y prisión preventiva oficiosa.
La Procuraduría presentó ayer, 7 querellas en contra de 43 empresas acusadas de defraudación fiscal y lavado de dinero.