El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación bilateral tras el desmantelamiento de un pasadizo subterráneo equipado con rieles y electricidad.
Las operaciones de vigilancia fronteriza asestaron un golpe financiero a las estructuras del narcotráfico internacional en los límites de Baja California y California. El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la intervención coordinada que permitió el descubrimiento de un túnel transfronterizo clandestino que conectaba la ciudad de Tijuana con Otay Mesa y San Diego, sitio donde se logró el decomiso de más de una tonelada de cocaína cuyo valor en el mercado ilegal se estima en aproximadamente 45 millones de dólares. El diplomático norteamericano detalló a través de sus canales oficiales que la vía subterránea poseía una longitud cercana a los 2,000 pies (265 metros) y una profundidad de 55 pies (6.3 metros), acondicionada con sistemas de iluminación, ventilación artificial y un mecanismo de rieles deslizantes para facilitar el traslado de los cargamentos.
De acuerdo con los informes emitidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR), la edificación y operación de este pasadizo fue atribuida directamente al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las agencias norteamericanas, entre ellas la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), especificaron que la alta rentabilidad de la cocaína en la zona de San Diego —donde llega a valer el triple que el fentanilo y diez veces más que la metanfetamina— ha provocado que dicha organización delictiva intensifique el uso de ingeniería subterránea para internar narcóticos en territorio estadounidense. El operativo conjunto derivó en el aseguramiento de un cargamento compuesto por 851 paquetes de droga que pretendían ser movilizados vía terrestre ocultos en congeladores, cajas y bolsas.
Por estos hechos, las autoridades judiciales de la Unión Americana iniciaron procesos penales contra cuatro presuntos integrantes de la célula criminal, identificados como Gregorio Epifanio Hernández López, José Jiménez, Brandon Escalante Sandoval y Antonio Cortez, estos dos últimos de nacionalidad mexicana. Los imputados enfrentan cargos federales por conspiración para la importación y distribución de sustancias prohibidas, así como por el uso de infraestructura transfronteriza ilícita. Ante el desmantelamiento de la propiedad utilizada como centro de acopio, el embajador Johnson sentenció que las corporaciones de ambos países continuarán sumando esfuerzos para ubicar los puntos de operación de las mafias organizadas y llevar a los responsables ante los tribunales.
Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU. y FGR| © Redacción NoticiasPV