El Departamento de Estado norteamericano puntualizó que la anulación de los permisos migratorios responde a facultades soberanas de control interno.
La cancelación de visados estadounidenses a mandatarios estatales, presidentes municipales y liderazgos de partidos políticos en territorio nacional abrió un nuevo debate sobre las implicaciones en la agenda binacional. Ante este escenario, el Departamento de Estado de la Unión Americana, por conducto de su portavoz Natalia Molano, precisó que las determinaciones de índole migratoria constituyen facultades estrictamente soberanas de su gobierno, aplicadas sin distingo del nivel jerárquico o posición política del afectado, por lo que descartó rupturas o afectaciones en los canales diplomáticos formales con México.
La atención pública se incrementó luego de trascender reportes que involucran a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, en este tipo de restricciones consulares. Si bien ambas administraciones locales rechazaron las interpretaciones que pretendan vincular la medida con actividades ilícitas y señalaron la ausencia de pruebas públicas, los expedientes se suman a una lista creciente de servidores públicos sujetos a revisión documental, entre los que figuran la gobernadora Marina del Pilar Ávila y diversos alcaldes.
Especialistas en la materia explicaron que las normativas estadounidenses facultan el retiro del documento por inconsistencias, faltas administrativas o alertas de seguridad interna, permitiendo que los afectados inicien nuevos trámites de solicitud sin que esto represente una restitución automática del derecho de ingreso. Adicionalmente, las dependencias norteamericanas recordaron que las leyes de privacidad locales blindan estos expedientes en secrecía absoluta, obligando a mantener los motivos bajo reserva, lo que intensifica las controversias políticas en el plano nacional.
Fuente: Departamento de Estado de EE. UU. | © Redacción NoticiasPV