La normativa establece un marco de observancia obligatoria para autoridades ministeriales y periciales, priorizando la presunción de vida, la creación de planes operativos y la participación activa de los colectivos de familiares.
La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares, a pocos días de que el gobierno federal expusiera los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda ante organismos internacionales. Este nuevo instrumento normativo está diseñado para normar la actuación de agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritos y analistas, estableciendo de manera categórica que las diligencias ministeriales deben arrancar de forma inmediata tras el reporte de un caso, sin condicionar el inicio de la búsqueda a la presentación previa de una denuncia formal.
El documento detalla obligaciones de observancia estricta y mecanismos de coordinación transversal entre fiscalías estatales, comisiones locales y la Comisión Nacional de Búsqueda, integrando ejes rectores fundamentales como la presunción de vida, la perspectiva de género, la exhaustividad y el respeto absoluto a los derechos humanos. Asimismo, contempla la activación inmediata de la Alerta Nacional de Localización, la preservación de indicios, la recolección de pruebas tecnológicas y el desarrollo de entrevistas clave con familiares y testigos bajo estrictos protocolos de no revictimización y protección a testigos.
Como parte de la metodología operativa, el protocolo instruye la celebración de reuniones técnicas inmediatas para formular un Plan de Investigación dinámico, el cual deberá actualizarse de manera constante para evitar estancamientos y prevenir la limitación a una sola hipótesis ministerial. Adicionalmente, incorpora herramientas de análisis de contexto territorial y criminal para identificar patrones delictivos, zonas de riesgo y posibles estructuras de participación ilícita que faciliten el esclarecimiento de los hechos y la ubicación de las víctimas.
El marco normativo reconoce de forma explícita el derecho de las familias y víctimas indirectas a intervenir activamente en el proceso de indagatoria, garantizando su acceso directo a los registros, el acompañamiento psicosocial especializado y la asesoría jurídica integral, especialmente durante diligencias de alto impacto emocional como la identificación y entrega digna de restos humanos. Asimismo, se establecen anexos especializados con protocolos diferenciados para atender de manera particular a sectores vulnerables, tales como infancias, mujeres, personas migrantes, comunidades indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos.
Para garantizar la rendición de cuentas institucional, el documento advierte que cualquier omisión injustificada, negligencia o retraso deliberado por parte de los servidores públicos será investigada y sancionada conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y las normativas de responsabilidades administrativas, contemplando también revisiones integrales a expedientes rezagados para corregir deficiencias en las cadenas de custodia y reorientar las líneas de investigación abiertas con anterioridad.
Finalmente, diversas organizaciones civiles, entre ellas el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), reconocieron la relevancia de este marco homologado publicado en el Diario Oficial; sin embargo, advirtieron enfáticamente que el verdadero desafío institucional radicará en garantizar una aplicación efectiva y real en todas las fiscalías del país, exigiendo que las directrices legales se traduzcan en resultados tangibles de verdad, justicia y reparación integral para los afectados.
Fuente: Diario Oficial de la Federación / FGR / Pronunciamientos de organizaciones civiles | © Redacción NoticiasPV