La autoridad federal recordó que ninguna institución puede exhibir, sancionar o retener documentos a estudiantes con adeudos, según lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Con el regreso a clases cercano, miles de familias mexicanas se preparan para cubrir gastos escolares como útiles, uniformes y colegiaturas. Sin embargo, en algunos casos, el retraso en los pagos genera preocupación, especialmente cuando ciertas escuelas privadas recurren a prácticas indebidas como exhibir públicamente a los alumnos con adeudos.
Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió una advertencia dirigida a padres de familia y autoridades educativas, recordando que ninguna institución privada puede exhibir, sancionar o retener documentos de los estudiantes por falta de pago.
El organismo subrayó que estas acciones constituyen una violación a los derechos de los consumidores y atentan contra la dignidad de niñas, niños y adolescentes, además de contravenir las disposiciones establecidas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con el artículo 7 del acuerdo publicado el 10 de marzo de 1992, los prestadores del servicio educativo solo pueden suspenderlo cuando existan tres o más colegiaturas sin cubrir, siempre y cuando se garantice la permanencia del estudiante en el sistema educativo nacional.
Asimismo, el artículo 9 establece que cualquier práctica que exhiba a los alumnos por adeudos será considerada una violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo que puede derivar en sanciones para las instituciones que incurran en ello.
La PROFECO también recordó que las escuelas privadas deben acreditar por escrito su incorporación a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para garantizar la validez oficial de sus estudios.
Además, los planteles están obligados a informar con claridad los costos de inscripción, colegiaturas y cargos adicionales —como exámenes o materiales— y no pueden modificarlos durante el ciclo escolar sin consentimiento de los padres.
Finalmente, la dependencia precisó que las escuelas no pueden obligar a los padres a comprar uniformes o materiales con proveedores específicos, ya que los consumidores tienen derecho a elegir dónde adquirirlos, siempre que cumplan con las especificaciones solicitadas por la institución.
Con este pronunciamiento, la PROFECO reiteró su compromiso de proteger los derechos de las familias mexicanas y de garantizar que el entorno educativo se mantenga libre de prácticas abusivas o discriminatorias.