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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Proceso suscribe las diversas iniciativas emprendidas por organizaciones y medios de comunicación nacionales e internacionales para que cese la violencia contra los periodistas mexicanos, pero enfatiza la responsabilidad del Estado mexicano en las acciones y omisiones que han generado las condiciones de vulnerabilidad que éstos padecen.
Proceso tiene sobradas razones para participar en estas iniciativas. Periodistas y colaboradores de este semanario han sido víctimas de asesinatos, amenazas, secuestros, desplazamientos forzados y otros agravios, cuya falta de esclarecimiento y sanción recae ineludiblemente en el Estado mexicano.
Estas omisiones, como en todos los casos de periodistas asesinados, significan la protección de los autores materiales e intelectuales de las agresiones, de las que no han sido ajenos servidores públicos de los distintos niveles de gobierno.
El Estado es también responsable de otras formas de presión que han vulnerado a la prensa en México, como el manejo discrecional de la publicidad oficial en función de la línea editorial de los medios.
Los principios internacionales asumidos por nuestro país establecen que cada medio tiene la libertad de definir su línea editorial sin temor a represalias, mucho menos a sufrir agresiones o censura.
Proceso considera insoslayable recordar que, como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado tiene la obligación fundamental y prioritaria de garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión de las personas bajo su jurisdicción.
También es deber del Estado implementar acciones de prevención dirigidas a atacar algunas de las causas profundas de la violencia contra periodistas y de la impunidad con que ésta se ejerce; así como investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de las agresiones, tanto los materiales como los intelectuales y copartícipes.
En razón de todo ello, Proceso suscribe el “Basta ya” pronunciado por diarios nacionales e internacionales en contra de la “ofensiva asesina” lanzada por la delincuencia organizada y que prevalece al amparo de la impunidad y la corrupción.
Igualmente, participará junto con organizaciones y medios de comunicación para establecer una agenda destinada a detener la violencia contra los periodistas mexicanos, y en la que se incluyen alternativas para combatir la impunidad.
Así, suscribe junto con otras 63 organizaciones y medios de comunicación la convocatoria abierta lanzada el martes 23 de mayo para participar en la construcción de una agenda de discusión sobre la violencia contra los periodistas.
El objetivo central de dicha agenda es establecer “medidas urgentes” para proteger a los trabajadores de los medios de información y para ello se han organizado seis mesas de trabajo que sesionarán del 14 al 16 de junio próximo.
Dichas mesas abordarán los siguientes temas:
Mesa 1: Riesgos y atención de casos críticos y respuestas inmediatas
Mesa 2: Alternativas para combatir la impunidad
Mesa 3: Organizaciones sociales y vías para fortalecerlas
Mesa 4: Solidaridad gremial y derechos laborales
Mesa 5: Reacciones de seguridad Pública
Mesa 6: El significado social de las agresiones contra los periodistas.
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