Un juez de control dictó prisión preventiva de oficio contra alcaldes y servidores públicos de la región oriente de la entidad; la FGR los acusa de delincuencia organizada y nexos operativos con el Cártel de Sinaloa.
Los mecanismos de fiscalización de la administración pública y el combate a las estructuras de infiltración delictiva derivaron en las primeras medidas cautelares de carácter penal. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Edgar Alejandro Domínguez, dictó auto de prisión preventiva de oficio en contra de cinco de los seis funcionarios públicos aprehendidos en el estado de Morelos durante el despliegue civil y militar denominado «Operación Enjambre».
Los imputados que comparecieron mediante el sistema de videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México son: Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan; Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla; así como Horacio Zavaleta, Jonathan Espinoza y Pablo Adrián Portillo, quienes se desempeñaban como secretario municipal, tesorero y oficial mayor del ayuntamiento de Cuautla, respectivamente. La autoridad judicial ordenó su reclusión inmediata en el Penal Federal de Sonora.
Las carpetas de investigación estructuradas por los ministerios públicos federales establecen que el Cártel de Sinaloa penetró la estructura económica y política de al menos ocho demarcaciones morelenses mediante el financiamiento clandestino de campañas electorales. Los informes señalan a Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, como el cabecilla regional de la organización criminal que pactó con los servidores públicos en el año 2024, desencadenando delitos de extorsión, homicidios de exediles y cobro de piso. Por su parte, Jesús Corona Damián, actual alcalde de Cuautla, se mantiene bajo el estatus de prófugo de la justicia.
De acuerdo con los datos aportados en la conferencia matutina del Ejecutivo Federal, las indagatorias técnicas de la FEMDO se originaron a partir de las denuncias directas que los habitantes de Morelos entregaron a la presidenta de la República durante sus giras de trabajo. Los datos civiles fueron canalizados a las áreas de inteligencia del gabinete de seguridad nacional, permitiendo la acumulación de evidencias videográficas y testimoniales que sustentaron las órdenes de captura. La situación jurídica final de los detenidos se resolverá el próximo martes tras duplicarse el término constitucional a 144 horas.
Fuente: Vocero de la FGR, Ulises Lara López | © Redacción NoticiasPV
