La orden del régimen chavista coincide con el despliegue de destructores estadounidenses frente a las costas venezolanas y con el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por información que lleve a su captura
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, destacó que recientemente fueron confiscados 700 millones de dólares en bienes vinculados con Maduro, a quien Washington acusa de narcotráfico. Estas acusaciones se remontan al primer mandato del presidente Donald Trump, cuando Estados Unidos señaló que el Cartel de los Soles, liderado por Maduro y altos funcionarios del régimen, opera en Venezuela.
“El plan de paz consiste en desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores, establecer la capacidad de la milicia nacional bolivariana en todos los territorios del país”, dijo Maduro, aunque no precisó cómo se distribuirán las fuerzas.
El dictador también apuntó contra actores externos, acusando a la Fundación Rosa Luxemburgo, con sede en Alemania, de financiar a personas que alguna vez fueron de izquierda o que simulan serlo para “atacar desde adentro” al régimen.
“Mucho cuidado con el entrismo, el divisionismo y el poco e´rial (dinero) que ponen las potencias europeas y el imperialismo para tratar con un discurso de izquierda, tratar de horadar la unión popular que nosotros debemos solidificar de manera permanente con la verdad, con el trabajo, con la lucha, con el sacrificio y con las soluciones de los problemas de nuestro pueblo”, afirmó. Según Maduro, los grupos infiltrados llevan años simulando ser chavistas y están siendo investigados actualmente.
La acusación contra organizaciones extranjeras se suma a señalamientos previos del dictador. El 11 de agosto, Maduro aseguró que varias ONG que dicen ser de izquierda y chavistas en Venezuela son financiadas por el Departamento de Estado estadounidense, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con el objetivo de “lavarle la cara” a “terroristas” responsables de la “destrucción” tras las presidenciales del 28 de julio de 2024.
El contexto de este despliegue se da en un país marcado por la crisis política, económica y social, con denuncias continuas sobre violaciones de derechos humanos y corrupción del régimen. La acción de Maduro llega en un momento en que Estados Unidos busca intensificar la presión sobre el dictador y demostrar apoyo a los venezolanos afectados por las políticas del régimen.
