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Nueva York.
El presidente Donald Trump presentó este miércoles su regalo a los más ricos con la reforma tributaria más grande de la historia, denunció de nuevo a jueces que se atreven a desafiarlo, anunció otra parte de su estrategia para criminalizar a inmigrantes y firmó más órdenes ejecutivas, como parte del esfuerzo mareador para probar que está logrando algo durante sus primeros 100 días en la Casa Blanca, que se cumplen este sábado.
La pieza central del día fue la presentación de lo que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, calificó de el mayor recorte de impuestos y la reforma tributaria más grande en la historia de nuestro país, incluida una dramática reducción de la tasa impositiva sobre empresas de 35 por ciento (el cual casi nadie paga en realidad, con la tasa efectiva calculada alrededor de 20 por ciento) a 15 por ciento.
La iniciativa presentada este miércoles es de una página con pocos detalles, y sólo marca el inicio de un largo proceso de negociación con el Congreso, el cual tendrá que aprobar cualquier reforma de este tipo. No se ofreció ningún calendario, pero la prisa era para que el anuncio de la iniciativa figurara en la lista, aún flaca, de los logros de esta Casa Blanca en sus primeros cien días.
La propuesta también reduce la tasa impositiva sobre individuos, anula el impuesto sobre patrimonio (o sea, para los herederos de fortunas esto es bienvenido), y medidas para simplificar el código tributario.
Mnuchin y Gary Cohn, asesor económico del presidente, quienes presentaron la iniciativa, no ofrecieron muchos detalles, y aunque quedó claro que los grandes beneficiaros serían empresas e individuos ricos –tal como el presidente y buena parte de lo que hoy es el gabinete más rico en la historia del país– Cohn insistió en que esto se trata de crecer nuestra economía y crear empleos.
Aseguraron que la reducción de impuestos, y por lo tanto de ingresos al gobierno, será balanceado con un mayor crecimiento económico que impulsarán estas medidas. Sin embargo, no sólo críticos opositores, sino entre las filas de los republicanos, expresan preocupación sobre el impacto de estas medidas en el déficit gubernamental.
El no partidista Center for Tax Policy calcula que sólo el recorte de la tasa impositiva sobre empresas costará alrededor de 2.4 billones de dólares a lo largo de una década.
Para enfrentar la reducción de ingresos al gobierno que esto implicaría, advierten críticos como el ex secretario de Trabajo y analista Robert Reich, esto va a requerir recortes masivos en programas para los pobres, o mayores impuestos por parte de nosotros.
Más aún, según un análisis del Tax Policy Center de la propuesta de campaña de Trump, sobre la cual se basa esta iniciativa, más de la mitad de los beneficios serían concentrados en 5 por ciento de los hogares más ricos del país, con una quinta parte, con 0.01 por ciento más rico.
Esto es básicamente una reducción masiva de impuestos para los ricos, comentó Hunter Blair, experto en del Instituto de Política Económica (EPI, por sus siglas en inglés).
Algunos analistas conservadores insisten –con ecos de los argumentos de la era de Ronald Reagan– en que este tipo de políticas detonarán un auge económico que beneficiará a todos. Pero el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estudió los recortes de impuestos desde 1945 y no detectó ninguna correspondencia con el crecimiento económico.
Sin duda, Trump insistirá en su afirmación de que está trabajando sobre un plan populista diseñado para impulsar la economía. En la actualidad, está cocinando un regalo fiscalmente irresponsable para plutócratas, concluyó John Cassidy, de The New Yorker.
Vale recordar que los dos funcionarios que presentaron el plan, y que están encargados de elaborarlo, son ex jefes ejecutivos de Goldman Sachs.
En otro rubro, este miércoles hubo señales de que Trump y el liderazgo republicano en el Congreso están contemplando otro asalto para desmantelar la reforma de salud de Barack Obama en los próximos días, después del humillante intento anterior en el que la Casa Blanca fue derrotada por oposición de un sector de republicanos ultraconservadores combinado con el ya esperado de los demócratas.
Mientras tanto, Trump de nuevo no aguantó lo que ha percibido como el desafío de un juez que se atrevió a suspender otra de sus órdenes ejecutivas, y calificó su fallo de rídiculo. El martes pasado, el juez federal William Orrick ordenó la suspensión temporal de la orden ejecutiva firmada por Trump a finales de enero amenazando con suspender la asistencia federal a toda ciudad (o estado) que se declare santuario para inmigrantes, y con ello limitar la colaboración con autoridades migratorias en la persecución de indocumentados.
En una serie de tuits, Trump condenó el fallo y amenazó con llevar el caso a la Suprema Corte y denunció que el llamado tribunal de apelaciones del Noveno Circuito es el mismo que anuló sus órdenes anteriores sobre inmigrantes de países musulmanes. Sin embargo, el juez Orrick no es integrante de ese tribunal.
En otro frente de la ofensiva antimigrante, el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, inauguró este miércoles la Oficina para Abordar Víctimas del Crimen de Inmigrantes (VOICE, por sus siglas en inglés), que fue anunciada por orden ejecutiva de Trump el 25 de enero. “La misión es clara, y es reconocer el daño excepcional causado por extranjeros ilegales criminales y apoyar a las víctimas de estos delitos prevenibles”, declaró Kelly. La oficina elaborará informes trimestrales sobre los efectos de victimización por extranjeros criminales.
Críticos y líderes inmigrantes denunciaron la creación de VOICE. Es algo creado para justificar la criminalizacion de inmigrantes, afirmó Cristina Jimenez, directora ejecutiva de United We Dream, la red más grande de jóvenes indocumentados en este país. Frank Sharry, director de America’s Voice Education Fund, agregó que esto es parte de la estrategia impulsada por Trump para criminalizar a la comunidad inmigrante, y consideró que es el tipo de cosas que uno ve en un régimen totalitario, donde identificas a un grupo como amenaza.
Obama reaparece
En medio de lo que opositores llaman una emergencia en todos los frentes, y ante el desmantelamiento de su legado por los republicanos, Barack Obama reapareció en público por primera vez desde que salió de la Casa Blanca, para asistir a un foro en la Universidad de Chicago el lunes, pero rehusó comentar explícitamente sobre la disputa política en torno a su sucesor. Sin embargo, provocó controversia no por algo que dijo, sino por reportes de que aceptó ofrecer un discurso ante el banco de inversiones Cantor Fitzgerald en Wall Street a cambio de un pago de 400 mil dólares (casi el doble que Goldman Sachs pagaba por discurso a Hillary Clinton).
Obama aparentemente ha gozado de la buena vida pospresidencia, junto con su esposa, primero tomó vacaciones en la isla privada del empresario inglés Richard Branson en el Caribe, y más recientemente disfrutó en el yate de lujo del multimillonario David Geffen en Polinesia, donde estuvieron acompañados por Bruce Springsteen, Tom Hanks y Oprah Winfrey. Hace dos meses firmó un contrato con Penguin Random House para dos libros, uno de él, el otro por Michelle, por un total, se reporta, de 65 millones de dólares, indicó la BBC.
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