De acuerdo con revelaciones periodísticas, un listado elaborado entre 2017 y 2021 volvió al escritorio de altos funcionarios de la Casa Blanca, en medio de advertencias sobre persecuciones sin inmunidad contra redes de protección oficial.
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) tendría en su poder un expediente confidencial con los nombres de al menos 35 políticos mexicanos vinculados al partido Morena, señalados por presuntos nexos con organizaciones del narcotráfico. Según el análisis expuesto este lunes 16 de noviembre por el periodista Raymundo Riva Palacio, dicho documento fue integrado originalmente entre 2017 y 2021 —durante la primera presidencia de Donald Trump— por Terry Cole, actual titular de la agencia antidrogas cuando fungía como encargado regional para México, Canadá y Centroamérica.
Aunque el listado permaneció congelado durante la administración de Joe Biden, habría cobrado nueva vigencia tras el retorno de Trump a la Casa Blanca y la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El reporte indica que Stephen Miller, asesor estratégico del mandatario estadounidense, encabeza la revisión de informes de inteligencia recabados por diversas agencias federales —entre ellas el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional—, poniendo especial atención en perfiles cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Puntos clave de la estrategia bilateral, las advertencias de la agencia antidrogas y la postura del gobierno mexicano frente a los señalamientos:
– Reactivación del expediente: El documento con 35 nombres permanece bajo resguardo oficial sin hacerse público, pero forma parte de las prioridades de análisis de la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional estadounidense.
– Advertencia de cero impunidad: El director de la DEA, Terry Cole, advirtió recientemente —tras la sentencia dictada contra el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes— que las investigaciones alcanzarán a funcionarios que reciban dinero criminal o brinden protección institucional.
– Presión diplomática: Fuentes citadas en la columna señalan que Washington ha intensificado sus exigencias hacia la administración de Claudia Sheinbaum para que se proceda legalmente contra servidores públicos sospechosos.
– Postura de México: Ante acusaciones previas dirigidas contra figuras como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que su gobierno no encubre a nadie, pero exige pruebas formales y apego estricto al marco constitucional.
Mientras las agencias de seguridad estadounidense endurecen su discurso y amplían el alcance de sus indagatorias hacia el ámbito político, el Gobierno de México mantiene su exigencia de sustento probatorio para actuar conforme a las leyes nacionales.
Fuente: Columna de Raymundo Riva Palacio / Declaraciones de la DEA / Gobierno de México | © Redacción NoticiasPV