Pagaron $44 mil pesos como reparación del daño y un donativo. Son señalados por asegurar a una menor de edad sin seguir procedimiento que marca la ley
Comunicado.- Los policías municipales Jaime “N” y Sandra Leticia “N”, así como la trabajadora social Delia “N”, adscritos a la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, lograron la suspensión condicional del proceso que se les sigue por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración pública y en otros ramos del poder público.
En audiencia que concluyó esta tarde en los juzgados del Octavo Distrito Judicial, con sede en Puerto Vallarta, el Juez de Control y Oralidad, Miguel García Hernández, concedió la suspensión condicional del proceso solicitada por la defensa de los imputados, quienes pagarán entre los tres el total de $23,400 pesos como reparación del daño a la víctima, así como un donativo de $21,000 pesos a la asociación civil Ayudemos a Vallarta, por concepto de reparación del daño a la sociedad.
Como condiciones a cumplir durante los próximos seis meses, el juez impuso a los elementos de seguridad pública y a la trabajadora social la obligación de residir en un lugar determinado; abstenerse de frecuentar lugares donde se encuentre la víctima, no molestar a la víctima ni a los testigos por ningún medio y acreditar un curso de derechos humanos.
A finales de agosto de 2022, Jaime “N” y Sandra “N”, policías municipales de Puerto Vallarta, atendieron un reporte sobre una niña que se encontraba sola y llorando en el interior de un domicilio de esa ciudad. Al llegar a la vivienda, observaron que la ventana y la puerta de la casa estaban abiertas.
Los elementos llamaron a la menor y cuando salió la aseguraron y trasladaron a la Comisaría de Seguridad Ciudadana; sin embargo, no solicitaron mando y conducción del Ministerio Público ni dieron vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como establece el procedimiento.
La niña fue puesta a disposición de la trabajadora social Delia “N”, adscrita a los juzgados municipales de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, quien le preguntó el nombre de sus padres; con esa información procedió buscarlos en redes sociales y localizó a la mamá, a quien llamó para que se presentara a recoger a la niña, quien temporalmente fue resguardada en los separos de la policía en lugar de derivarla a instalaciones del DIF.
La madre se presentó a recoger a su hija y posteriormente llegó el padre, con quien vivía la menor pues tenía la custodia provisional. Sin embargo, los policías lo detuvieron argumentando que se presentó agresivo y con aliento alcohólico, y entregaron a la menor a la mamá.
Tras los hechos ocurridos, el padre presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal que la remitió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde fue integrada por la Agencia Regional de Puerto Vallarta, quien realizó las indagatorias que permitieron vincular a proceso a los servidores públicos el 23 de diciembre de 2024.
