Pagarán $16,000 pesos como reparación del daño a la sociedad por haber “asegurado” a menor de edad sin seguir el procedimiento legal. La semana pasada dos policías y una trabajadora social que participaron en los mismos hechos, obtuvieron el mismo beneficio
Comunicado.- Miguel Ángel “N” y Perla Esmeralda “N”, elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y por delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, y en la misma audiencia obtuvieron la suspensión condicional.
En audiencia que concluyó la tarde del lunes 20 de octubre en los juzgados del Octavo Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, el Juez de Control y Oralidad, Luis Daniel Canales González, resolvió vincular a proceso a los policías municipales por abuso de autoridad, que comente el servidor público que “ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la del Estado”, así como por delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, al procurar la impunidad de delitos o faltas de los que tenga conocimiento al abstenerse de denunciarlos, según establece el Código Penal del Estado.
Luego de escuchar la resolución, la defensa de Miguel Ángel “N” y Perla Esmeralda “N” solicitó la suspensión condicional del proceso, tras señalar que no existía oposición de las víctimas y que la semana pasada dos policías y una trabajadora social de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, que participaron en los mismos hechos, obtuvieron ese beneficio que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Al confirmar lo anterior, el Juez de Control concedió la suspensión condicional a ambos servidores públicos y aprobó el plan de reparación del daño, consistente en la aportación de $16,008 pesos, entre ambos elementos, como donativo al Centro de Apoyo a Niños con Cáncer (Canica) de Puerto Vallarta, por concepto de reparación del daño a la sociedad.
Como condiciones que deberán cumplir durante los próximos seis meses, los elementos tendrán que tomar un curso de capacitación sobre el primer respondiente con especialidad en asuntos de niños, niñas y adolescentes, así como residir en un lugar determinado; además, tienen prohibido molestar a las víctimas y a los testigos, y frecuentar determinados lugares, específicamente aquellos donde se encuentren las víctimas.
El 28 de agosto de 2022, Miguel Ángel “N” y Perla Esmeralda “N” acudieron a atender un servicio en el que se reportó que había una niña sola y llorando adentro de un domicilio. La ventana y la puerta de la casa estaban abiertas y la menor se asomó.
Los uniformados, que fueron los primeros en llegar al lugar, la llamaron y al salir la aseguraron y pidieron apoyo para trasladarla a las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Ciudadana.
Sin embargo, al ser los primeros respondientes no solicitaron mando y conducción del Ministerio Público ni dieron vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como establece el procedimiento.
La madre llegó a recoger a la menor y posteriormente lo hizo el padre, con quien vivía la niña, ya que tenía la custodia provisional. No obstante, los policías lo detuvieron argumentando que se presentó agresivo y con aliento alcohólico, y entregaron a la menor a la mamá.
Debido al incidente, el padre denunció los hechos ante la Fiscalía del Estado que remitió la denuncia a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción donde fue integrada por la Agencia Regional de Puerto Vallarta.