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GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx).- Familiares y amigos de los dos policías detenidos por presuntamente seguir órdenes del crimen organizado para detener el pasado viernes a manifestantes afuera de las instalaciones de la Fiscalía del estado se manifestaron afuera de Casa Jalisco para pedir su liberación pues, aseguran, ambos siguieron instrucciones de sus superiores, y que no les permiten tener un defensor particular.
Los elementos detenidos son el director operativo (J3), el comandante Salvador Perea, y el policía ministerial, Raúl Gómez Mireles, están acusados de abuso de autoridad, de realizar detenciones ilegales y de desaparición forzada.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando detuvieron a jóvenes que se dirigían a protestar afuera de la Fiscalía para exigir la liberación de los arrestados del jueves tras la violenta manifestación en el centro de la ciudad, en la que se pedía justicia por la muerte de Giovanni López, quien murió a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.
El abogado de uno de los señalados, Óscar Arturo Díaz, dijo que no le han permitido tener contacto con su cliente, y que están “presionando al comandante Perea para que él acepte la responsabilidad, por eso no dejan entrar a ningún defensor”.
Agregó que presentaron un amparo, pero el Juez de Distrito nunca lo mandó al secretario. También acudieron a solicitar apoyo a Visitaduría, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Fiscalía Anticorrupción, pero “estaba cerrado”.
El abogado recalcó que el gobernador, Enrique Alfaro, y el fiscal estatal, Gerardo Solís Gómez, gozan de una buena relación con los titulares de las dependencias y organismos mencionados, por lo que considera que “todos se coligieron para bloquearnos la estrategia de defensa. Ellos están tratando de lavarse las manos, y que tanto Perea como Mireles, Jalisco los vea como culpables cuando son víctimas de las irresponsabilidades de estos señores”.
GUADALAJARA, Jal. (proceso.com.mx).- Familiares y amigos de los dos policías detenidos por presuntamente seguir órdenes del crimen organizado para detener el pasado viernes a manifestantes afuera de las instalaciones de la Fiscalía del estado se manifestaron afuera de Casa Jalisco para pedir su liberación pues, aseguran, ambos siguieron instrucciones de sus superiores, y que no les permiten tener un defensor particular.
Los elementos detenidos son el director operativo (J3), el comandante Salvador Perea, y el policía ministerial, Raúl Gómez Mireles, están acusados de abuso de autoridad, de realizar detenciones ilegales y de desaparición forzada.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando detuvieron a jóvenes que se dirigían a protestar afuera de la Fiscalía para exigir la liberación de los arrestados del jueves tras la violenta manifestación en el centro de la ciudad, en la que se pedía justicia por la muerte de Giovanni López, quien murió a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.
El abogado de uno de los señalados, Óscar Arturo Díaz, dijo que no le han permitido tener contacto con su cliente, y que están “presionando al comandante Perea para que él acepte la responsabilidad, por eso no dejan entrar a ningún defensor”.
Agregó que presentaron un amparo, pero el Juez de Distrito nunca lo mandó al secretario. También acudieron a solicitar apoyo a Visitaduría, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Fiscalía Anticorrupción, pero “estaba cerrado”.
El abogado recalcó que el gobernador, Enrique Alfaro, y el fiscal estatal, Gerardo Solís Gómez, gozan de una buena relación con los titulares de las dependencias y organismos mencionados, por lo que considera que “todos se coligieron para bloquearnos la estrategia de defensa. Ellos están tratando de lavarse las manos, y que tanto Perea como Mireles, Jalisco los vea como culpables cuando son víctimas de las irresponsabilidades de estos señores”.
Óscar Díaz apuntó que a los imputados se les asignó un abogado de oficio de la propia Fiscalía, puesto que les informaron que sus defensores particulares no se presentaron, “lo cual es mentira”.
Esposas exigen justicia
Patricia Nazarín, cónyuge del policía investigador Raúl Gómez, detalló que ambos están detenidos en una celda, como cualquier otro criminal, “pero los delincuentes son ellos, la delincuencia organizada viene desde la cabeza, desde el gobernador, desde el fiscal, ellos por defender a la ciudadanía y a ellos, eso fue el pago que les dio el gobernador”.
Apuntó que ambos recibieron órdenes de “J1, Francisco Gutiérrez y así se va la varita, de J2; y J3, el comandante Perea y él les transmite a los comandantes, se van por una línea, no se mandan solos”.
Reclamó que su marido podría irse a la penal, mientras que los causaron los destrozos en los inmuebles del centro histórico, y de los que estaban en las inmediaciones de la Fiscalía, salieron libres.
Por su parte, Cynthia Hernández, esposa de Perea dijo que ayer tuvo contacto con él, y le comentó que se “siente traicionado por J1, por el fiscal, por Alfaro, siendo que hace poco tiempo lo reconocían, lo propusieron para ser integrante de la búsqueda de personas desaparecidas (…) cosa que se me muy hace raro que ahora digan que tiene nexo con la delincuencia”.
Coincidió con Patricia Nazarín en que su esposo no actuó por motu proprio, sino que siguió las órdenes del J1, J2, y del Fiscal. “Él no puede dar una orden sin ellos”, subrayó.
Ayer, familiares y amigos de los dos elementos detenidos, hicieron una manifestación afuera de las instalaciones de la Fiscalía, pero no fueron recibidos por nadie.
Durante su protesta, mostraron cartulinas en que se leía “Justicia para el comandante Perea, también es víctima de tu soberbia Alfaro; La Justicia aplica tanto para policías como sociedad, todos somos pueblo; Alfaro el responsable eres tú; Alfaro como gobernador eres la cabeza del estado, responsabilízate”.
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