La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas detalló que el impacto económico equivale al 0.46 por ciento del PIB, siendo la extorsión telefónica el delito más frecuente y motivo principal de la cancelación de inversiones.
A consecuencia de la creciente incidencia delictiva, el 14.5 por ciento de los establecimientos comerciales en el país se vieron obligados a cancelar inversiones durante el año 2025, generando un costo total estimado en 115 mil 100 millones de pesos, lo que representa el 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con los datos presentados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El informe de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 señala que las medidas preventivas implementadas por el sector privado concentraron más de la mitad del gasto económico, mientras que delitos como la extorsión —con predominio en la modalidad telefónica—, el robo hormiga y el asalto de mercancías afectaron severamente a los negocios medianos y grandes, situando a estados como Tabasco, Morelos y Puebla con los mayores índices de cancelación de proyectos productivos.
Asimismo, el organismo autónomo documentó que la cifra negra de delitos no denunciados se mantuvo por encima del 90 por ciento debido a la percepción de impunidad y pérdida de tiempo en los trámites ministeriales, contrastando con la alta valoración de confianza ciudadana otorgada a corporaciones federales como la Secretaría de Marina frente a los cuerpos de seguridad municipales.
Fuente: INEGI | © Redacción NoticiasPV
