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Ciudad de México. Los actos de corrupción generan quebrantos en el erario, que a su vez representan violaciones a los derechos humanos de toda la población mexicana, por lo cual las leyes deben aplicarse y que exista una sanción para los responsables de estos ilícitos, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
“Tenemos que partir de que hay víctimas, que tienen mucho qué decir. En casos de corrupción, se trata del erario público y las víctimas son los mexicanos, entonces (el perdón a corruptos propuesto por Andrés Manuel López Obrador) es un tema que debe analizarse con ponderación, para que lo que establecen nuestras normas, se tenga que cumplir”, indicó el ombudsman nacional.
Luego de participar en la ceremonia de premiación del Concurso para ser Comisionado Infantil del Inai 2018, González Pérez subrayó que quien comete una falta debe encarar las consecuencias legales de ello, sin que las instituciones puedan decidir en cuáles casos actúan y en cuáles no.
“Coincido totalmente con el presidente electo en combatir la corrupción, pero también tenemos que ver cómo compatibilizarla para que la impunidad se acabe y sea una garantía de no repetición de esos actos, que haya consecuencias jurídicas. Se tiene que proceder con el marco jurídico adecuado, cumpliendo la ley, con el parámetro del respeto a los derechos humanos”, agregó.
Con respecto a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que sus fuerzas de seguridad podrían utilizar la “fuerza letal” contra migrantes indocumentados, el titular de la CNDH alertó que los discursos xenófobos y racistas, de “nacionalismo mal entendido”, suelen desencadenar acciones de odio.
En ese sentido, llamó a entender que los migrantes son personas con dolores y necesidades, entre ellas salvar su propia vida ante el riesgo de ser atacados en sus países de origen, y por lo tanto forman parte de éxodos que deben analizarse como un tema humanitario.