En el foro “Retos y Perspectivas a diez años del Informe de Misión a México del GTDFI de la ONU”, el subsecretario Alejandro Encinas reconoció la falta de coordinación con instituciones como fiscalías estatales y la FGR para participar en la búsqueda e investigación de los casos de desapariciones.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A diez años de la visita del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) a México y a semanas de que se conozca el informe del Comité contra al Desaparición Forzada (CED), “la impunidad persiste como un problema endémico y lacerante”, a pesar de los avances legislativos en la materia, alertó el representante de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado.
Al participar en el foro “Retos y Perspectivas a diez años del Informe de Misión a México del GTDFI de la ONU”, del que grupo de expertos dio seguimiento tres años después, el representante de la ONU-DH resaltó que pese a los avances normativos, impulsados por el movimiento de familias de personas desaparecidas, “el balance resulta dolorosamente desfavorable”.
Recordó que el contexto de la visita de los expertos que integraban el GTDFI en 2011, para hacer después público el informe el 14 de marzo del año siguiente, se distinguió por el cierre de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), por parte del presidente Vicente Fox, y la instauración del “paradigma militar en temas de seguridad”, por el de Felipe Calderón, modelo que hoy en día “se ha profundizado, con un protagonismo que se ha extendido a otras materias que también son propias de las autoridades civiles”, ello pese a que una de las recomendaciones del GTDFI fue precisamente “el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal”.
