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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Apropiándose de la consigna “no se mata la verdad matando periodistas”, el presidente Enrique Peña Nieto anunció un acuerdo con los gobiernos de los estados para la libertad de expresión y la protección de periodistas.
Interpelado apenas por fotorreporteros que exigieron justicia y repusieron los discursos y la impunidad en los crímenes, Peña Nieto pidió a los periodistas que confiaran en las instituciones para acabar con la impunidad y aplicar la ley a los autores de los crímenes.
En su administración han sido asesinados 35 periodistas. Hasta hoy, Peña Nieto comprometió el esclarecimiento de esos crímenes.
En un breve acto realizado en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente reiteró lo que el pasado 4 de mayo prometió al Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés): que destinará más recursos al mecanismo de protección; “fortalecerá las capacidades institucionales” de la fiscalía especializada y profundizará la coordinación con las fiscalías de los estados.
Precedido en el uso de la palabra por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el procurador general Raúl Cervantes y, a nombre de los 24 gobernadores asistentes, el capitalino Miguel Ángel Mancera, la conclusión del anuncio consiste básicamente en dos cosas: coordinación de fiscalías y un programa de protección creado por cada estado de la República homólogo al federal.
Miguel Ángel Mancera, cuya policía ha sido la más violenta contra periodistas, responsabilizó en todo momento a la delincuencia organizada de los ataques; en tanto, Peña Nieto sólo admitió que en las agresiones, a veces, participan funcionarios locales coludidos.
Entre los gobernadores ausentes, destacan el de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y el de Durango, José Rosas Aispuro, en cuyas entidades es prácticamente imposible ejercer el periodismo.
Tampoco asistieron los gobernadores de Aguascalientes, Tabasco, Zacatecas.
Peña Nieto reiteró, tanto en su discurso formal como en un mensaje dirigido a fotorreporteros, fuera de protocolo, que su gobierno trabajaría para “continuar” con un México sin censura donde los periodistas y defensores de derechos humanos puedan realizar su trabajo.
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