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El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior, pero se reservará la facultad de emitir la declaratoria que la activa para que la Corte resuelva la supuesta inconstitucionalidad de algunos artículos de la normatividad.
Al clausurar la sesión 43 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, reconoció que dicha ley es cuestionada por organismos civiles.
Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”, señaló.
Peña Nieto aclaró que su decisión de aplazar la aplicación del ordenamiento no significa que dejará de haber intervención de las Fuerzas Armadas, en materia de seguridad pública, en los estados que la necesiten.
Llamó al Poder Legislativo retomar la discusión y, en su caso, aprobar la propuesta de Mando Único policial.
Tras el anuncio de Peña Nieto, diputados del PRD y PT, así como la CNDH, dijeron que alistan controversias constitucionales contra la ley.
PROMULGA LEY PARA QUE PUEDA PRONUNCIARSE
LA CORTE RESOLVERÁ LEY DE SEGURIDAD INTERIOR: PEÑA
No emitirá declaratoria de protección hasta que el máximo tribunal decida sobre su legalidad o no
Previo a la promulgación ayer por la tarde de la Ley de Seguridad Interior, el presidente Enrique Peña Nieto anticipó que se reservará la facultad de emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia resuelva sobre la posible inconstitucionalidad de distintos artículos en dicha normativa.
Doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley. Por eso no emitiré declaratoria de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, subrayó en Palacio Nacional.
La ley en sus artículos 11 y 12 avala al Poder Ejecutivo Federal para que pueda intervenir a nivel local a través de acciones de seguridad, previa declaratoria de protección, donde se precisaría el tipo de amenaza que combatirán las Fuerzas Armadas en alguna región del país, durante cuánto tiempo y la cantidad de elementos.
Al clausurar la 43 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y ante representantes de los tres poderes de la unión, el mandatario reconoció que esta ley es cuestionada por distintos organismos civiles, pues a su parecer señalan que “el contenido no está apegado a lo que dicta la Carta Magna y los tratados internacionales”.
Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país”, refirió.
De ahí que, con la decisión presidencial, se deje abierta la posibilidad de que en los siguientes días se interponga un recurso legal ante el supremo tribunal y éste decida al respecto.
Así, la Suprema corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva.
Pero ello no significa que dejará de haber intervención en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”, acotó durante su mensaje.
El mandatario señaló que el espíritu de la Ley de Seguridad Interior da certeza jurídica al actuar de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior y establece límites al uso discrecional de las mismas.
La ley deja claro que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades y las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”, apuntó.
En este sentido, el Presidente de la República hizo un llamado a los mandatarios locales a trabajar en el fortalecimiento de sus corporaciones policiacas, al tiempo que pidió al poder Legislativo retomar la discusión y, en su caso, aprobar la propuesta de Mando Único policial que está pendiente.
“LEY, NECESARIA; NO DEBE SER EL NÚCLEO NORMATIVO”
Si bien la Ley de Seguridad Interior es necesaria para proveer de un marco jurídico a las Fuerzas Armadas, no debe ser el núcleo que norme la seguridad del país, dijo Orlando Camacho Nacerá, representante de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Seguridad.
Esta ley, si bien necesaria, debe formar parte de un paquete que reforme y coloque a las instituciones de seguridad y procuración de justicia civiles del país en el centro de la ecuación; sin esto, por mejor intención que tenga la Ley de Seguridad Interior, repito, necesaria, no saldremos del estado en el que estamos actualmente y se perpetuará entre otras cosas la heroica labor de las Fuerzas Armadas”, señaló.
Mario Arroyo Juárez, también representante de la sociedad civil, advirtió que sin democracia no hay seguridad y sin respeto a las garantías individuales no hay viabilidad para México como nación.
La discusión no es si está militarizándose o no la seguridad pública. La discusión, ésta, debemos superarla. Ambas opciones, militarización y seguridad pública no son viables en una sociedad democrática; es necesario abandonar los conceptos autoritarios asociados a la seguridad y avanzar hacia un paradigma que proteja y promueva los derechos fundamentales de las personas, es el paradigma de la seguridad y convivencia ciudadanas”, expresó.
De la Redacción
REFORZARÁN RESGUARDO DE ARMAS
El Consejo Nacional de Seguridad acordó reforzar el resguardo de armas de fuego en poder de las instituciones de seguridad pública de los gobiernos de los estados y de los municipios y fortalecer la campaña nacional de canje de armas de fuego en poder de la sociedad civil.
Asimismo, exhortó a la Cámara de Diputados para que analice y resuelva la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que ya aprobó el Senado de la República y que tiene como propósito endurecer las penas por portación y uso de dichos artefactos.
De manera adicional, acordó solicitar a las autoridades correspondientes realizar operativos para supervisar que las armas réplica, entre éstas las de juguete, cumplan con la Norma Oficial Mexicana, y realizar campañas educativas orientadas a reducir la posesión, portación y uso de armas de fuego de cualquier tipo.
Todas esas medidas tienen como propósito “prevenir y atender” la violencia generada por la posesión, portación y uso de armas de fuego en el país.
Además acordó que la Procuraduría General de la República, así como las procuradurías de justicia y las fiscalías de las entidades federativas, inicien la investigación de toda muerte violenta de mujeres, de carácter doloso, bajo protocolos de feminicidio.
Por acuerdo de dicho Consejo, los Centros de Justicia para mujeres de las entidades federativas deberán de certificarse o recertificarse cada dos años con base en los 48 indicadores del sistema de integridad y de acuerdo con la convocatoria que emita la Comisión Nacional para erradicar la violencia contra las mujeres.
Aprobó el Programa para la Consolidación del servicio de Llamadas de Emergencia 911, que deberán cumplir las autoridades responsables del servicio en las entidades y los municipios, bajo diversas líneas de acción.
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