El congresista Óscar Cantón Zetina confirmó que su compañero de bancada no ha salido del país; Inzunza Cázarez deberá reincorporarse al pleno o solicitar licencia debido al inicio del periodo extraordinario de sesiones.
Las dinámicas operativas dentro del Congreso de la Unión incorporaron valoraciones sobre el estatus jurídico y legislativo de las representaciones del noroeste del país. Tras los señalamientos emitidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que lo vinculan con presuntos esquemas de protección a facciones del Cártel de Sinaloa, el senador por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Enrique Inzunza Cázarez, permanece ausente de los trabajos de la Comisión Permanente, lo que motivó pronunciamientos por parte de la coordinación de su bancada.
El senador de la misma fracción parlamentaria, Óscar Cantón Zetina, detalló en entrevista con medios de comunicación que Inzunza Cázarez se localiza actualmente en su estado natal, Sinaloa, de acuerdo con los últimos informes civiles disponibles. El legislador tabasqueño precisó que debido a la aprobación de un periodo extraordinario de sesiones destinado a discutir el paquete de reformas constitucionales en materia electoral, el congresista sinaloense está obligado a presentarse en el pleno como legislador titular o, en su defecto, tramitar una licencia formal para dar paso a la toma de protesta de su suplente.
Por su parte, Enrique Inzunza Cázarez difundió un pronunciamiento a través de sus canales oficiales de comunicación digital, en el cual negó categóricamente haber entablado contacto con agencias o fiscalías norteamericanas. El exsecretario de gobierno sinaloense calificó las acusaciones como infundadas y carentes de sustento técnico, afirmando que no recurrirá a la contratación de despachos jurídicos internacionales para su defensa legal en el extranjero, argumentando que su probidad es suficiente para desestimar los cargos federales.
El expediente que involucra al senador forma parte de una acusación formal desclasificada el pasado 29 de abril por las autoridades judiciales de la Unión Americana, la cual incluye mandamientos procesales en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve servidores públicos de la región. Inzunza Cázarez reiteró que se mantiene a disposición de los requerimientos y comparecencias que formulen de manera formal los tribunales de procuración de justicia de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los lineamientos que establece la Constitución Política del país.
Fuente: Enrique Inzunza Cázarez | © Redacción NoticiasPV
