La diputada local Paola Gárate reveló detalles de su secuestro en 2021 y se autonombró como «prueba viviente» del despojo territorial; Mario Zamora confirmó jornadas de terror y levantones contra candidatos de la coalición opositora.
Las acusaciones internacionales sobre los presuntos nexos entre el poder político de Sinaloa y las organizaciones del narcotráfico detonaron crudos testimonios por parte de la disidencia partidista. La actual diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola Gárate, rompió el silencio al denunciar de manera pública los eventos delictivos que coartaron el proceso electoral del año 2021 en la entidad norteña, autodefiniéndose como un testigo sobreviviente de lo que denominó una «narcoelección» operada de forma violenta para favorecer la llegada de Morena al poder.
De acuerdo con las declaraciones de la legisladora, horas antes de la jornada electoral de junio de 2021, fue interceptada y privada de la libertad durante 12 horas por comandos fuertemente armados en la periferia de Culiacán, quienes la coaccionaron bajo la consigna explícita de truncar su postulación. Gárate expuso que el esquema de intimidación afectó a casi el 80 por ciento de la estructura electoral de su partido mediante agresiones físicas y amenazas de muerte directas, situación que, según su análisis, concuerda con las recientes revelaciones judiciales de los Estados Unidos que señalan que los liderazgos del Cártel de Sinaloa facilitaron listas de domicilios de opositores políticos para sacarlos de la contienda a cambio de espacios en el gabinete de Rubén Rocha Moya.
A estas denuncias se sumó el testimonio del diputado federal Mario Zamora Gastélum, quien contendió en ese mismo proceso por la gubernatura del estado. El legislador tricolor relató que durante las votaciones se vivió un ambiente generalizado de terror en los municipios, registrándose la renuncia forzada de candidatas enteras en la zona de Concordia tras sufrir bloqueos de células criminales, así como el secuestro de familiares de contendientes en Badiraguato para obligar a los aspirantes a deponer sus intenciones y llamar públicamente a sufragar por el partido guinda. Ambos políticos señalaron que las denuncias formales fueron archivadas en el plano local por el riesgo de muerte que implica disentir en la región, documentando persecuciones institucionales y la desatención del gobierno federal ante las solicitudes de protección especial que han promovido desde el año 2023.
Fuente: Revista Proceso | © Redacción NoticiasPV