El periodista señala que las sanciones de EEUU contra Vector Casa de Bolsa podrían estar ligadas a una estrategia legal de “El Ratón”
infobae.com
Vector Casa de Bolsa, una de las firmas financieras más relevantes de México, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una pieza clave en el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, justo días antes de que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, firmara un acuerdo de culpabilidad que le permitiría evitar un juicio y, potencialmente, acceder al programa de testigos protegidos.
De acuerdo con un documento emitido por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) el pasado 25 de junio, Vector Casa de Bolsa facilitó transferencias millonarias entre empresas mexicanas y chinas vinculadas con la producción ilícita de fentanilo.
Entre 2013 y 2021, una “mula” del Cártel de Sinaloa utilizó los servicios de Vector para transferir más de dos millones de dólares de Estados Unidos a México. En otro periodo, de 2018 a 2023, la firma habría procesado más de un millón de dólares en pagos de empresas mexicanas a compañías chinas que suministraron precursores químicos para fabricar opioides sintéticos.
Para el periodista y especialista en seguridad, José Luis Montenegro, el anuncio de las sanciones y el avance en el caso de Ovidio Guzmán no serían coincidencia, sugiriendo que “El Ratón” pudo haber dado esa información pata cerrar su trato con las autoridades estadounidenses.
“Casa Vector es muy probablemente el caso con el que habría cooperado también Ovidio Guzmán para abrir esa puerta al programa de testigos protegidos o criterio de oportunidad”, afirmó Montenegro en entrevista con Azucena Uresti.
Para el especialista, esta colaboración marcaría el inicio de una estrategia legal más amplia de Ovidio y Joaquín Guzmán López para negociar sus reducciones de condena a cambio de información sobre las estructuras financieras del narcotráfico.
Cabe apuntar que el 30 de junio pasado, “El Ratón” firmó un documento en el que declara su intención de aceptar su culpabilidad en el tribunal federal del distrito norte de Illinois, con sede en Chicago, donde ahora se concentra el caso. En el documento judicial, Ovidio escribió:
“Yo, Ovidio Guzmán López, acusado, he sido informado de que una acusación está pendiente en mi contra en la causa mencionada antes. Deseo declararme culpable de la ofensa presentada en mi contra para permitir la disposición de la causa en el distrito norte de Illinois, en el cual estoy detenido y renuncio a un juicio en el distrito antes mencionado”.
La audiencia para oficializar su declaración está prevista para el 9 de julio ante la jueza Sharon Johnson Coleman.
Ofensiva financiera
El señalamiento de Vector forma parte de una ofensiva inédita del gobierno estadounidense contra las redes de financiamiento del narcotráfico. Las órdenes de FinCEN identificaron a Vector, CIBanco e Intercam como instituciones extranjeras utilizadas por los cárteles para movilizar ganancias del tráfico de opioides.
En el caso de Vector, firma ligada públicamente al empresario Alfonso Romo, se documentó el uso sistemático de sus servicios para transferencias internacionales y el ocultamiento del origen de los fondos, en operaciones que habrían beneficiado al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo.
Respecto a CIBanco, FinCEN señaló que habría facilitado operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo, incluyendo pagos por más de 2,1 millones de dólares a empresas chinas que enviaban precursores químicos a México.
En cuanto a Intercam, el organismo estadounidense acusó un patrón prolongado de transacciones con organizaciones criminales, incluyendo reuniones directas entre ejecutivos del banco y miembros del CJNG, así como transferencias por más de 1,5 millones de dólares a entidades vinculadas con el envío de fentanilo desde China.
Como consecuencia, las autoridades estadounidenses prohibieron a instituciones financieras de su país realizar transferencias hacia o desde las tres entidades mexicanas, incluyendo operaciones con moneda virtual convertible.
Tras el anuncio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que “no hay ninguna prueba” que respalde las acusaciones de Estados Unidos contra las instituciones mexicanas. En su conferencia matutina, afirmó: “Son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito”.
No obstante, el gobierno mexicano anunció la intervención general temporal de CIBanco, Intercam y Vector, con el objetivo de proteger los intereses de ahorradores y acreedores.
Una estrategia en curso
Para Montenegro, la información de Ovidio sobre el caso Vector podría ser una pieza clave dentro de un entramado mayor de operaciones ilícitas y señaló que “se nos está escapando de este rompecabezas criminal”.
El periodista sostiene que el acuerdo judicial de Ovidio Guzmán podría replicarse en los procesos contra su hermano Joaquín Guzmán López, cuya audiencia está programada para el 15 de julio, y contra Ismael “El Mayo” Zambada, prevista para el 25 de agosto.
Como parte de esta negociación, 17 familiares de Ovidio Guzmán ingresaron a Estados Unidos en mayo pasado a través de la garita de San Isidro, en Tijuana, presuntamente bajo protección federal. Entre ellos se encuentran su madre, Griselda López Pérez, su esposa, Adriana Meza Torres, y sus hijas.
Además, de confirmarse que “El Ratón” fue admitido al programa de testigos protegidos, podría recibir una nueva identidad, residencia vigilada, y eventualmente una sentencia reducida que lo pondría en libertad en aproximadamente dos años y medio, de los cinco años que se especulan como posibles.
El posible ingreso de Ovidio al sistema de protección de testigos seguiría un patrón ya observado con otros integrantes del crimen organizado mexicano. Figuras como Vicente Zambada Niebla (El Vicentillo), Dámaso López Serrano (El Mini Lic) y Lucero Guadalupe Sánchez López (conocida como La Chapodiputada), han obtenido beneficios judiciales en Estados Unidos a cambio de colaborar con la fiscalía.