La estrategia de seguridad federal registra la captura de más de 70 servidores públicos, entre alcaldes y mandos policiacos, además de consolidar 20 sentencias condenatorias con más de mil años de prisión acumulados.
Los esquemas de intervención institucional orientados a limpiar las estructuras gubernamentales de la infiltración delictiva reportaron avances en diversas entidades de la república. El balance consolidado del «Operativo Enjambre», una estrategia coordinada por el Gobierno Federal, confirma la detención de más de 70 servidores públicos —incluyendo presidentes municipales, mandos operativos de las corporaciones policiacas y directivos administrativos— investigados por presuntos vínculos con organizaciones criminales y conductas de corrupción.
De acuerdo con los informes presentados por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la movilización táctica inició su despliegue a finales de noviembre de 2024 en el Estado de México, ejecutando capturas simultáneas como la de la entonces alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles. Posteriormente, la estrategia de contención se expandió de forma progresiva hacia zonas conflictivas de los estados de Morelos, Jalisco y Michoacán, donde las fiscalías locales y fuerzas federales mantienen abiertas carpetas de investigación por delitos de alto impacto.
El desarrollo operativo se sustenta en el cruce de inteligencia financiera, análisis técnico de comunicaciones y auditorías a los flujos patrimoniales de los ayuntamientos bajo sospecha. En las incursiones participa un estado de fuerza integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un diseño interinstitucional implementado con el objetivo de ejecutar cateos sorpresivos y mitigar los riesgos de filtración de información sensible dentro de los ayuntamientos intervenidos.
En el plano judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la obtención de 20 sentencias condenatorias en contra de exfuncionarios involucrados en estas redes, sumando un acumulado de mil 146 años de prisión por penalidades relacionadas con secuestro, extorsión, homicidio y desaparición forzada. Aunque registros periodísticos independientes proyectan que la cifra total de procesados podría ascender a 147 personas, las autoridades ministeriales precisaron que los procesos penales continuarán desahogándose bajo estrictos criterios probatorios en los tribunales para desarticular las cadenas operativas en el ámbito municipal.
Fuente: SSPC | © Redacción NoticiasPV
