El gobierno de Estados Unidos realizó dos nuevos descubrimientos en el caso que liga al ex secretario de Seguridad de México con el tráfico de drogas en México
infobae.com
Los Fiscales que investigan a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, no han descansado durante la cuarentena provocada por COVID-19.
En los primeros días de junio informaron al juez Brian M. Cogan que han recopilado alrededor de 60,000 página con pruebas contra García Luna.
Además están en espera de que gobierno mexicano entregue las evidencia que tiene en su posesión contra el ex Secretario de Seguridad, señala un documento firmado por el Fiscal Richard P. Donoghue.
El documento dirigido a “Honorable Juez Brian M. Cogan” fue liberado el pasado 3 de junio en el Acceso Público de los Archivos Electrónicos de la Corte (PACER por sus siglas en inglés).
Los fiscales y abogados defensores involucrados en el caso presentaron una actualización por escrito al Tribunal en la materia, a la luz de la pandemia de COVID-19 que actualmente afecta a la ciudad de Nueva York.
En el documento solicitan respetuosamente que el Tribunal aplace el estado de la próxima “audiencia durante 60 días”, precisó el documento.
Las cortes de Estados Unidos están paralizadas por la crisis del coronavirus y sólo mantienen audiencias virtuales pero en el caso contra Genaro García Luna, los fiscales y la defensa necesitan interrogar a testigos y reunirse con personas implicadas y debido a ello solicitan se aplacen las fechas de audiencias previas al juicio.
El Fiscal Richard Donoghue tambien informo al juez Cogan sobre los nuevos descubrimientos en el caso contra Genaro Garcia Luna.
“El gobierno continúa el proceso de recopilación y revisión de investigaciones sobre el demandado de forma continua. Desde la última carta sobre el estado de las partes, el 27 de marzo de 2020, el gobierno realizó dos descubrimientos, en 14 de abril de 2020 y 29 de mayo de 2020, totalizando casi 60,000 páginas de documentos”, agrega el texto.
“Esas investigaciones incluyen, entre otras cosas, declaraciones del acusado, registros financieros, registros comerciales y comunicaciones interceptadas”.
Todas esas pruebas forman parte del espionaje que mantenían diversas dependencias sobre García Luna. Se recolectaron desde que se encabezó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y quedaron archivadas en diversos Departamentos, incluyendo al de Estado y algunos de esos documentos se pueden consultar en el Portal WikiLeaks.
El Fiscal también informó al Juez que están esperando respuestas de peticiones pendientes al gobierno de México, sobre las compañías propiedad del ex Secretario de Seguridad de Felipe Calderón.
“El gobierno de Estados Unidos está esperando respuestas a esas peticiones”, señala al documento.
Genaro García Luna fue detenido el mes de diciembre del año pasado en Texas, acusado de conspiración del narcotráfico y de falsear declaraciones ante una autoridad federal de los Estados Unidos.
Su caso se abrió después del juicio contra Joaquín “el Chapo” Guzmán, donde el capo Jesús Reynaldo Zambada García “alias el Rey Zambada”, declaró que él personalmente entregó una maleta con USD 3 millones, cuando estaba al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), durante el Sexenio de Vicente Fox.
Ese testimonio del Rey Zambada es el único que puede ser usado por los Fiscales, ya que aseguró, en primera persona, que acudió personalmente a entregar el dinero.
Otra parte de su declaración en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera no tiene validez jurídica, porque mencionó un hecho que no le consta. El Rey Zambada también declaró al Juzgado que “escuchó” que otras organizaciones le ofrecieron USD 50 millones a Genaro Garcia, declaración que no tiene ninguna validez jurídica.
Las investigaciones contra García Luna también incluyen el manejo de la inmenso presupuesto que administró durante la “Guerra contra el Narco”, y que incluyó la ayuda, asesoría y equipo que prestó el gobierno de Estados Unidos a través de la “Iniciativa Mérida”.
En esa época una Unidad Especial de la Policía Federal para el combate al crimen organizado, que trabajó en estrecha colaboración con la DEA, recibió información “privilegiada” sobre el paradero de líderes de los cárteles, la cual terminó en manos de capos como Arturo Beltrán Leyva y Miguel Ángel Treviño Morales, traición que es uno de los motivos que mueven a gobierno de Estados Unidos para llevar a prisión al ex secretario de Seguridad mexicano.