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XALAPA, Ver. (apro).- El Órgano de Fiscalización (Orfis) y la Comisión de Vigilancia del Congreso local ya interpusieron un total de 11 denuncias en contra de exfuncionarios de Javier Duarte, quienes presuntamente desviaron recursos y fueron detectados en el informe de resultados de la Cuenta Pública 2016, alusivo a los últimos diez meses de gestión del exmandatario priista antes de que huyera a refugiarse al balneario turístico de Panajachel en Guatemala.
El listado simple de las querellas, entregado por el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Juan Manuel Unanue, detalla que a Finanzas y Planeación y a Seguridad Pública se les detectó un quebranto patrimonial por 2 mil 234 millones 169 mil 11 pesos.
“Son dos mil 257 millones 930 mil pesos de transferencias de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) que no llegaron a los municipios, pero sí a otras cuentas bancarias, los exfuncionarios no presentaron la evidencia del reintegro de dichos recursos”, expuso Unanue.
En el caso de los 76 millones, 239 mil 111 pesos, estos recursos corresponden a pagos realizados en el ejercicio 2016 a dos proveedores de la SSP, cuyo pago no se justifica y tampoco existe contrato de por medio.
Además, se pusieron dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra exservidores públicos del Seguro Popular y de la Sedarpa por un desvío de 314 millones 555 mil 393 pesos en traspasos irregulares, en donde los recursos de programas del campo y del Seguro Popular no se aplicaron a los fines específicos para lo que fueron presupuestados.
“En el caso del Seguro Popular hubo traspasos de recursos entre cuentas correspondientes a ejercicios anteriores y que los recursos asignados para cada programa no se aplicaron a los fines específicos. En el caso de Sedarpa falta evidencia documental en la entrega de los recursos a los beneficiarios finales de programas”, se puntualizó.
El último paquete de denuncias interpuesto en esta semana corresponde a un daño patrimonial no resarcido por dos mil 348 millones 533 mil 68 pesos en contra de varias dependencias públicas.
También destaca un millón de pesos donados por el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) a la Asociación Civil Promotora Deportiva Veracruzana AC, sin comprobación del ejercicio del gasto. Dicha promotora alude al equipo profesional Halcones Rojos, hoy ya extinto y cuyo último presidente es el actual diputado federal priista Tarek Abdala Saad.
Además, una querella ante la FGE por el desvío de mil 249 millones 318 mil 200 pesos por transferencias de recursos de programas y fondos federales traspasados a otras cuentas bancarias no especificadas en la Secretaría de Finanzas y Planeación y donde tampoco existe evidencia del reintegro a la Tesorería.
Asimismo, tres denuncias por mil 26 millones 863 mil 670 pesos por la contratación de tres préstamos quirografarios, de los cuales no se presentó documentación alguna que compruebe los ingresos, registro y destino a inversión pública.
Y una querella ante el Instituto Veracruzano de Bioenergéticos por 53 millones 351 mil 197 pesos, correspondientes a la cancelación de proyectos productivos sin soporte documental, cuyo dinero sí se ejerció. Dicha dependencia fue dirigida durante el gobierno de Duarte por el exdiputado federal panista Osiel Castro de la Rosa.
La última querella alude a irregularidades en el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (Fiverfap) por un daño patrimonial de 18 millones de pesos, recursos que se “extraviaron” en cuentas bancarias del gobierno y en las que exfuncionarios no presentaron evidencia de su reintegro, pues el programa de fomento agropecuario no se llevó a cabo.
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