Obligarán a funcionarios corruptos a devolver 777 mdp saqueados al campo

22 junio, 2026

Un bloque de 27 empleados federales fue sancionado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Secretaría Anticorrupción tras comprobarse desvíos de recursos y conductas ilícitas.

Un duro golpe a las redes de corrupción e impunidad dentro de la estructura gubernamental federal se ejecutó mediante la imposición de sanciones severas contra 27 servidores públicos. Las investigaciones desahogadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destaparon un historial de irregularidades graves y desvíos financieros cometidos entre 2019 y 2025, derivando en inhabilitaciones drásticas de hasta una década y penalizaciones económicas brutales que superan los 777 millones de pesos.

El foco principal de este escándalo de desfalco institucional se localiza en el organismo Alimentación para el Bienestar (AliBien), antes Segalmex. En esta dependencia, los exfuncionarios María “G”, René “G”, Miguel “C” y Juan “R” fueron sentenciados a pagar de forma solidaria la histórica cantidad de 777.8 millones de pesos. A estos malos servidores se les comprobó el desvío sistemático de recursos públicos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para destinarlos de forma ilícita a gastos operativos y rubros de fertilizantes durante el ejercicio 2019, violando la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El esquema de impunidad también alcanzó a otras dependencias de peso federal como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se inhabilitó a un operador en Torreón por aceptar dinero en efectivo a cambio de borrar adeudos de luz, y al Instituto Nacional de Migración en la Segob, por robo de bienes. Asimismo, la Secretaría Anticorrupción aplicó suspensiones y destituciones en otras diez dependencias —incluyendo Pemex, la Guardia Nacional y el IMSS— por conductas que van desde falsificación de firmas y simulación de comisiones para cobrar nóminas, hasta la introducción de estupefacientes en centros penitenciarios y acoso sexual contra subordinadas.

Fuente: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno | © Redacción NoticiasPV

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