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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue “omisa, parcial y negligente” en la investigación de la recomendación 9/2016 que convirtió en víctima de violación a los derechos humanos a Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado.
Así lo concluye un análisis jurídico hecho por abogados de personas que acusan de secuestro, robo y homicidios a Salgado García por hechos ocurridos cuando fungió como comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero.
De acuerdo con el estudio de 62 páginas entregado a El Financiero, en la recomendación que elaboró el segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama, el organismo no actuó con objetividad.
Tampoco hizo una interpretación adecuada de la ley, lo que favoreció la impunidad y convirtió en víctimas a quienes violaron derechos humanos a cerca de 50 personas.
“La CNDH realizó un análisis sobre si violó o invadió el sistema de justicia indígena, pero no sobre si hubo violaciones a los derechos humanos”, explica el texto.
Los abogados de personas detenidas por la Policía que comandaba Salgado, dijeron que justificaron sus acciones ilegales en el derecho a la autodeterminación y autonomía de comunidades indígenas.
No obstante, explicaron que las normas y procedimientos de la justicia indígena deben estar supeditados a los principios, derechos y obligaciones previstos en la Constitución y las normas internacionales, lo cual no ocurrió.
Dijeron que, en el ejercicio de dichos procedimientos, no es aceptable violar las garantías individuales y los derechos humanos de terceras personas, como lo hizo Salgado García con personas detenidas y sometidas a medidas de reeducación.
“En la mayoría de los asuntos que fueron denunciados ante la Procuraduría de Guerrero, de los cuales conoció la CNDH, no existen delitos, dado que no hay antecedentes de denuncias o querellas”, señala el texto.
Agrega que esto no pareció relevante para el análisis y determinación de los expedientes que integró la CNDH, entre ellos el instaurado en contra de Nestora Salgado García, quien estuvo presa 31 meses y obtuvo su libertad el 18 de marzo de 2016 “por un acuerdo político”.
Acusaron a la CNDH de no haber realizado visitas e inspecciones a las “casa de justicia” para conocer las condiciones en que se encontraban personas sujetas a medidas de reeducación. “Por lo que tal institución no puede afirmar que en esos casos se respetaron las reglas del debido proceso, resultando válido presumir, por el contrario, que pudieron existir conductas delictivas o violatorias de derechos humanos”, dice.
