Por tercera vez en dos meses, la empresa encargada de la autopista afectó a más de 140 colonias; la crisis expuso la impericia técnica de la constructora y la urgencia de deslindar responsabilidades.
Una evidente falta de planeación, impericia técnica y negligencia reiterada por parte de la empresa concesionaria de la Autopista Puerto Vallarta-Las Varas dejó sin agua potable a miles de familias en más de 140 colonias de Puerto Vallarta durante siete días consecutivos. Se trata del tercer y más contundente golpe que esta compañía —que opera bajo un esquema de concesión con el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum— propina en lo que va del año a la estabilidad de la comunidad vallartense.
El historial de afectaciones causadas por la constructora vial muestra un patrón sistemático de fallas en la ejecución de sus obras:
* Primer impacto (22 de junio): Durante la realización de los trabajos iniciales, las maniobras de la empresa provocaron una severa afectación a las redes hidráulicas, rebasando y desfasando por completo el tiempo estimado para la reparación y restablecimiento del suministro.
* Segundo impacto (24 de julio): Debido a que la obra original quedó mal ejecutada, la concesionaria tuvo que reabrir exactamente el mismo punto de intervención para intentar reconectar la tubería. Esta falla técnica volvió a dejar sin servicio a más de 140 colonias durante varios días.
* Tercer impacto y contingencia crítica (12 al 19 de agosto): La incompetencia operativa de la empresa alcanzó su punto más grave a mediados de agosto. Lo que debía ser un procedimiento programado se transformó en un desfase de más de siete días en la planeación de la obra, sometiendo a miles de ciudadanos a un prolongado e inaceptable desabasto.
Una semana de caos, sufrimiento y lucro con la emergencia
Los siete días sin acceso al recurso vital provocaron un impacto profundo en la dinámica cotidiana y la estabilidad económica de las familias vallartenses. Sin agua disponible para el consumo, la preparación de alimentos y la higiene personal básica, el caos se apoderó de los hogares afectados.
Esta crisis fue aprovechada por empresas distribuidoras de agua en pipas, las cuales lucraron con la desesperación social. Ante la inacción de la constructora, los piperos llegaron a cobrar hasta 2 mil 500 pesos por vivienda para abastecer los tinacos, entregando agua no tratada tras horas de espera. Las familias se vieron obligadas a desembolsar estas sumas desmedidas ante la urgencia de contar con el elemento primario de vida.
La toma de control de SEAPAL evitó un colapso indefinido
En un inicio, la indignación y las demandas ciudadanas por la falta del servicio se dirigieron hacia el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (SEAPAL) y la administración encabezada por el presidente municipal Luis Munguía. Sin embargo, ante la incapacidad de la empresa concesionaria para solucionar el desastre que provocó, el propio organismo operador municipal tomó la decisión estratégica de asumir la responsabilidad directa de la obra.
SEAPAL desplazó a la concesionaria, tomó el mando técnico de los trabajos y ejecutó las maniobras correctivas necesarias para agilizar el proceso de reparación. Gracias a esta intervención directa y al compromiso asumido por el organismo local, entre el 18 y el 19 de agosto se logró restablecer el suministro de agua potable en un tiempo menor al previsto, apaciguando la contingencia social.
De no haber tomado SEAPAL el control de la obra frente a la irresponsabilidad de la concesionaria del Gobierno Federal, el problema en las 140 colonias se habría prolongado de forma indefinida, manteniendo en la incertidumbre y el desabasto a miles de vallartenses.
Fuente: Con información de Lorena Moguel | © Redacción NoticiasPV