María Elena Farías, presidenta municipal morenista, trascendió que abandonó la escena a bordo de otra unidad de seguridad para evadir la justicia, dejando desamparado tanto al trabajador fallecido como a su propio chofer, quien fue detenido por las autoridades.
Una muestra de total impunidad, frialdad y carencia de ética pública envuelve a la alcaldesa morenista del municipio de El Salto, Jalisco, María Elena Farías. De acuerdo con información recabada por reportes ministeriales y denuncias ciudadanas, la funcionaria viajaba a bordo de la camioneta de lujo —propiedad oficial del Ayuntamiento de El Salto— que la tarde de este viernes atropelló y privó de la vida de manera instantánea a un conocido voceador y repartidor de periódicos, identificado como Carlos Lizardi, en el crucero de Terralta sobre la carretera federal 200, en Bucerías, Nayarit.
La gravedad del suceso radica en la reprobable conducta de la mandataria morenista. Minutos después de que el vehículo oficial impactara brutalmente la motocicleta del trabajador de aproximadamente 60 años, María Elena Farías ejecutó una maniobra de escape para eludir cualquier responsabilidad legal y mediática. Lejos de descender para auxiliar a la víctima o coordinar el arribo de los servicios de emergencia, la alcaldesa abordó de forma inmediata un segundo vehículo blindado en compañía de su cuerpo de escoltas personales, huyendo con rumbo desconocido y dejando abandonado el cuerpo sin vida sobre la cinta asfáltica.
Mientras la presidenta municipal escapaba de la jurisdicción de Nayarit protegida por sus guardias, en el sitio del siniestro fue abandonado a su suerte el chofer operativo de la unidad oficial. Elementos de la policía local y testigos de la zona retuvieron al empleado, quien posteriormente fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Nayarit para el deslinde de responsabilidades por el delito de homicidio culposo. La actuación de María Elena Farías ha desatado una ola de indignación social en ambas entidades, al evidenciar el uso de recursos públicos para fines personales fuera de su estado federativo y, peor aún, el uso del poder político para encubrir una tragedia y evadir la acción de la justicia.
Fuente: Medios Jalisco y Fiscalía de Nayarit | © Redacción NoticiasPV
