Analistas y periodistas revelaron que el reclutamiento de jornaleros y jóvenes en la Sierra Tarahumara responde a un patrón delictivo vigente desde hace décadas.
Las dinámicas de explotación y sometimiento operadas por las organizaciones delictivas en el territorio nacional reflejan una problemática estructural que data de la década de los setenta. A través de la investigación periodística «Esclavos de la Sierra Tarahumara. Sobrevivir a los campos de trabajo forzado del narco», gestionada por especialistas en la materia, se expuso cómo células del crimen organizado privan de la libertad a personas en situación de vulnerabilidad para obligarlas a laborar bajo condiciones inhumanas en plantíos ilegales. Los testimonios recabados de sobrevivientes describen jornadas laborales de hasta 20 horas diarias, desprovistas de remuneración económica, agresiones físicas, deshumanización y tortura ante cualquier intento de queja o fuga.
De acuerdo con los análisis técnicos presentados, este modelo de reclutamiento coaccionado se remonta históricamente a eventos como los del rancho El Búfalo, en Chihuahua, durante los años ochenta. En esa época, miles de jornaleros agrícolas eran trasladados con engaños desde entidades del sur, como Guerrero, bajo falsas promesas de empleo en la recolección de frutas, siendo recluidos finalmente en bodegas para el procesamiento de marihuana sin recibir retribución alguna. El estudio sociológico del fenómeno detalla que los cárteles aprovechan la arraigada cultura del trabajo temporal en las regiones agrícolas y la marginación social para quebrar los códigos comunitarios y captar mano de obra precarizada.
Especialistas en economía criminal explicaron que la sustitución de cultivos tradicionales por el tráfico de sustancias sintéticas, como el fentanilo, no detiene de forma automática estas prácticas de esclavitud. Ante la caída en el precio de insumos como la goma de opio a partir de 2016, las denominadas «empresas criminales» ajustan sus costos operativos mediante esquemas de trabajo forzado para mantener los márgenes de ganancia. Finalmente, la documentación refiere que la ausencia y omisión del Estado en comunidades periféricas facilita el arraigo de estas redes de trata con fines delictivos, las cuales abarcan desde labores agrícolas de siembra hasta el reclutamiento forzado para enfrentamientos territoriales.
Fuente: Quinto Elemento Lab | © Redacción NoticiasPV