El Departamento de Seguridad Nacional desmintió reportes sobre un beneficio migratorio a los mandatarios, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum calificó las versiones de falsas.
Las especulaciones en torno a la situación migratoria de funcionarios mexicanos generaron aclaraciones oficiales por parte de las agencias de seguridad fronteriza. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos desmintió formalmente que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, cuenten con la autorización discrecional de ingreso conocida como «parole» por beneficio público significativo. Con esta declaración, la dependencia norteamericana descartó los reportes periodísticos previos que señalaban que ambos mandatarios estatales habían recibido dicha concesión tras una supuesta cancelación de sus visados.
La aclaración institucional se emitió tras una consulta formal dirigida a los organismos competentes en materia migratoria, especificando que ninguno de los dos gobernadores ha sido beneficiario de esta medida temporal de entrada. La controversia se originó a partir de una investigación de prensa internacional que afirmaba la revocación de las visas de ambos políticos y un consecuente permiso de acceso custodiado. Ante los cuestionamientos sobre el estatus de los visados vigentes, el Departamento de Estado de la Unión Americana se limitó a señalar que la validez de estos documentos permanece sujeta a revisiones consulares continuas frente a cualquier información desfavorable.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó los señalamientos durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, catalogando los reportes como apócrifos y carentes de sustento. La titular del Ejecutivo Federal atribuyó la divulgación de estas versiones a una estrategia de sectores de ultraderecha de México y Estados Unidos, cuyo propósito sería desgastar las relaciones bilaterales e incidir en los próximos procesos electorales. Sheinbaum descartó que exista una postura de persecución unificada por parte del gobierno estadounidense, mientras que ambos gobernadores han sostenido que sus documentos de viaje se mantienen plenamente vigentes.
Fuente: DHS y Presidencia de la República | © Redacción NoticiasPV