El Presidente Municipal, Luis Munguía, instó a los constructores afectados a presentar denuncias penales si realizaron entregas de efectivo sin comprobación e informó sobre la reestructuración de los procesos de cobro municipal para evitar nuevos desvíos.
Un esquema de opacidad y cobros al margen de la ley marcó la administración municipal 2021-2024 en Puerto Vallarta. Tras la divulgación del informe final de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) —el cual confirmó un desfalco de 75 millones de pesos en las arcas públicas—, salieron a la luz las inconsistencias bajo las cuales operó el sector inmobiliario en la ciudad.
Fue el presidente municipal, Luis Munguía González, quien reveló que diversos desarrolladores se han acercado a la actual administración para señalar que entregaron millonarias aportaciones económicas a los exalcaldes Luis Michel y Pepe Martínez; sin embargo, al exigir la comprobación legal, las empresas admitieron que jamás se les expidieron recibos oficiales de cobro.
Esta práctica coincide con el dictamen de la ASEJ, que emitió 13 observaciones en el rubro de fraccionamientos y acciones urbanísticas, fijando un probable daño a la Hacienda Pública Municipal por 22 millones 376 mil 635 pesos. La auditoría confirmó que 13 proyectos inmobiliarios ejecutados durante 2024 carecen de registro de ingreso a las arcas del municipio.
La hipótesis del actual gobierno municipal apunta a que la pasada gestión permitió a las constructoras violentar los planes de desarrollo, elevar niveles de edificación y avanzar obras sin cumplir con la Ley de Ingresos, a cambio de aportaciones no registradas.
«Hay muchos dichos de los desarrolladores de que les pedían contribuir de cierta manera, pero no cuentan con recibos de pago. Muy probablemente los dejaron avanzar, los dejaron hacer, los dejaron elevar sus niveles y construir, pero no tienen comprobantes y esos son los faltantes que hoy se reflejan fuera de la norma», sentenció Munguía.
El munícipe lanzó un llamado al gremio empresarial para que formalice sus denuncias ante la Contraloría y la Fiscalía, señalando directamente si fueron víctimas de cobros indebidos por parte de exfuncionarios.
Para erradicar estas prácticas, el Gobierno de Puerto Vallarta implementó un blindaje administrativo a través de la Tesorería, la Sindicatura y la Contraloría Municipal. Con este protocolo, ningún trámite inmobiliario o pago de derechos podrá procesarse sin contar previamente con la revisión contable y la aprobación de la Contraloría, garantizando que cada ingreso quede registrado formalmente.
El informe final de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) destapó un faltante de 75 millones de pesos en la cuenta pública 2024 de Puerto Vallarta, revelando irregularidades donde desarrolladores inmobiliarios afirman haber entregado dinero a la gestión de Luis Michel y Pepe Martínez sin recibir comprobantes oficiales. Tan solo en el rubro de fraccionamientos y acciones urbanísticas, el daño patrimonial alcanza los 22.3 millones de pesos por 13 desarrollos que operaron con inconsistencias. Ante estos hallazgos, el alcalde Luis Munguía urgió a los empresarios a denunciar estas anomalías y anunció el refuerzo de la Hacienda Municipal mediante un protocolo de fiscalización previa.
Fuente: Luis Munguía, Presidente Municipal de Puerto Vallarta – ASEJ | © Con información: Lorena Moguel – Redacción NoticiasPV