La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió un informe especial sobre las detenciones arbitrarias que derivaron en arrestos, multas, amonestaciones y hasta la muerte de un joven, tras implementarse las medidas sanitarias durante la pandemia por covid-19 en la entidad.
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Detalló que del 11 de marzo al 31 de mayo, ante la CEDHJ se presentaron 246 quejas, (una de ellas fue colectiva y está integrada por 214 denunciantes). El 89% de ellas fue por “el probable ejercicio indebido de la función pública”.
Mientras que el resto de las quejas se relacionaron con las “restricciones derivadas de la aplicación de medidas contra la contingencia”. Una de ellas fue contra el ayuntamiento de Tapalpa, por la afectación al libre tránsito, puesto que a una persona le impidieron el paso, ya que no traía consigo un comprobante de domicilio.
La CEDHJ también documentó 237 arrestos en los diferentes municipios de Jalisco. Cañadas de Obregón presenta la mayor ocurrencia con 44 personas detenidas, seguido del municipio de Ameca con 30. En Mezquitic se realizaron cinco arrestos por desacato, mientras que en Tototlán se realizaron 3 arrestos por falta administrativa.
En la conclusión de su informe especial, el organismo expresó que “la falta de capacitación al personal de seguridad pública genera la violación constante de derechos humanos; por ello, las dependencias del gobierno estatal y los ayuntamientos deben asumir su obligación legal de proporcionar capacitación constante a sus servidores públicos, particularmente a quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana”.
Las medidas obligatorias de Enrique Alfaro
El pasado 19 de abril, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro anunció que a partir del día siguiente habría varias medidas sanitarias obligatorias, entre otras el aislamiento físico y el uso de cubrebocas.
En la primera semana, del 20 al 26 de abril, San Pedro Tlaquepaque concentró el mayor número de detenidos, con 68, por no acatar las medidas sanitarias y agredir de forma verbal a la autoridad. Para el 12 de mayo ya sumaban 412 personas arrestadas en la zona metropolitana.
Entre los casos emblemáticos documentados hasta ahora por la Comisión se encuentran la detención en Tala de un chofer que solo iba de paso; de un director de una preparatoria de la Universidad de Guadalajara, y la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, del cual ya se emitió un informe especial y se concluyó que una ejecución extrajudicial.
Para evitar que los policías sigan violentando derechos humanos, el organismo propone dar capacitación a los elementos, y condiciones labores dignas, para que “su única preocupación sea la de cumplir adecuadamente con su obligación de salvaguardar la seguridad de la población jalisciense”
También piden a los tres poderes, y a los 125 municipios de la entidad revisar, y en su caso enmendar el acuerdo del 19 de abril del gobernador, “a fin de que las medidas que se dicten no contravengan el marco de respeto a los derechos humanos previsto en la Constitución, los tratados internacionales y la legislación estatal”.
En los casos en que hubo abuso de autoridad, los comisarios deben iniciar un procedimiento de investigación por la vía administrativa y penal, para deslindar responsabilidades, y sancionar a los presuntos responsables y proceder a reparar el daño integral de las víctimas.
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