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Ciudad de México. El gobierno de Enrique Peña Nieto dejó pasar una oportunidad para mostrar su interés para resolver la grave crisis de los desaparecidos en el país, pues al instalar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), excluyó a las familias de más víctimas.
Los 57 colectivos que conforman el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) emitieron esta tarde un pronunciamiento conjunto en el que criticaron que durante la instalación del Sistema, el titular de la Secretaría de Goberación, Alfonso Navarrete Prida, haya hablado de la confirmación preliminar de 340 identificaciones entre los más de 37 mil desaparecidos oficiales qué hay en México, pues esta declaración provocó expectativas y confusión por la falta de claridad y procedimientos que llevaron a conseguir estos datos.
«Además, para obtener identificación de personas, se tiene que hacer mucho más que sólo cruzar base de datos, se tienen que hacer pruebas forenses y científicas que complementen para asegurar que los resultados son verídicos. El MNDM exige que se cuiden los datos que se proporcionan públicamente, que se busquen mecanismos para informar a los familiares antes de hacer un espectáculo mediático, ya que causa fuertes impactos a las familias que buscan a sus seres queridos».
El SNBP es el encargado de impulsar las políticas de búsqueda de personas en todo el país, «por lo que su instalación resulta de gran importancia para las familias y ofrecía una gran oportunidad para que la federación adoptase un papel de liderazgo en la implementación de la Ley General en materia de Desaparición.
«Sin embargo, el gobierno federal dejó escapar está oportunidad, mostrando su escaso interés en el tema. En primer lugar la instalación se produjo de espaldas a las familias y, por ejemplo, ninguno de los 57 colectivos que integran el MNDM fue informado o convocado por las autoridades. Una vez más, nos dejaron fuera de la implementación de un elemento central de la Ley General sobre Desaparición, ya que será el órgano encargado de fortalecer las funciones de búsqueda, investigación e identificación de las más de 37 mil personas desaparecidas en México».
En todas las acciones para implementar la ley, el gobierno de Peña Nieto «ha tratado de excluirnos en los espacios de participación, ha mostrado una falta de liderazgo y voluntad política, las herramientas que han implementado como la Comisión Nacional de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas, las ha puesto en operación sin presupuesto, sin capacidad operativa y sin participación de las familias. El Programa Nacional de Búsqueda y la emisión del Protocolo Homologado de Búsqueda ya tuvieron que implementarse. Además, 15 de las 32 entidades del país cuentan con Fiscalías Especializadas y 10 con Comisiones Locales de Búsqueda, lo cual provoca que no exista una coordinación para la búsqueda inmediata».
Llamaron al actual gobierno y a la administración entrante, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, al igual que las autoridades estatales a asumir y cumplir con su responsabilidad de implementar eficazmente la Ley, a investigar, a buscar y a tomar en cuenta siempre la participación de los familiares. El SNBP, enfatizaron, no es un logro gubernamental, sino de las familias.
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