El expediente judicial de Estados Unidos desglosa los pagos individuales en dólares que recibían los colaboradores del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Los alcances de la investigación penal que sostienen los tribunales federales de los Estados Unidos contra la administración del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, exponen que el blindaje institucional de la facción de «Los Chapitos» requería un desembolso mensual colectivo estimado en más de 2 millones 253 mil pesos. De acuerdo con los documentos oficiales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los recursos líquidos en dólares eran repartidos minuciosas y estratégicamente entre mandos con acceso directo a sistemas de radiocomunicación y planes de inteligencia.
El desglose económico del Departamento de Justicia detalla que el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de la entidad y hoy bajo custodia de las autoridades norteamericanas, encabezaba los cobros con asignaciones de hasta 100 mil dólares al mes. A cambio de esta retribución, el jefe militar presuntamente emitió alertas anticipadas sobre al menos 10 despliegues tácticos orientados a desmantelar narcolaboratorios regionales, permitiendo el desalojo oportuno de los insumos químicos y de los operarios de la organización.
En el mismo entramado de procuración de justicia, el exvicefiscal general Dámaso Castro Saavedra percibía un aproximado de 11 mil dólares mensuales para bloquear mandamientos de captura e interceptar expedientes coordinados por la DEA y las fuerzas armadas. Asimismo, los exjefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y su sucesor Alberto Jorge Contreras Núñez, alias «Cholo», tenían asignadas nóminas individuales de 16 mil dólares mensuales, dinero destinado a asegurar el libre tránsito de cargamentos de fentanilo en Culiacán y tramitar órdenes de aprehensión dirigidas a neutralizar y mermar a células delictivas rivales.
Fuente: Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York | © Redacción NoticiasPV
