Autoridades presentaron pruebas contra miembros de organización religiosa por participación en muerte de policías y retención de personas
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Un juez de control del estado de Hidalgo vinculó a proceso a cuatro personas relacionadas con una secta satánica por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos agentes de la Policía Estatal, ocurrido en el municipio de Huejutla.
Las autoridades señalaron que los involucrados habrían actuado con extrema violencia después de haberse congregado en un inmueble para realizar actividades religiosas y de adoctrinamiento.
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) informó que el hecho sucedió el pasado 13 de junio, durante un operativo para rescatar a personas retenidas dentro de la denominada “Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo”.
Detalles del operativo
Elementos de la Policía Estatal llegaron al domicilio luego de recibir reportes sobre privación ilegal de la libertad y representaciones de posible maltrato a menores.
Al ingresar al inmueble, los uniformados fueron atacados por integrantes de la congregación. Como resultado de la agresión, dos agentes fueron asesinados y al menos ocho personas, entre miembros de la policía y civiles, resultaron lesionadas. Entre los detenidos se encuentran los líderes del grupo y personas encargadas de organizar las actividades del lugar.
Las investigaciones iniciales revelaron que en el predio se desarrollaban prácticas consideradas de riesgo para la integridad física y psicológica de los asistentes. La PGJEH aseguró que parte de las pesquisas incluyeron entrevistas con testigos, análisis de cámaras de videovigilancia y la declaración de víctimas que lograron salir del recinto.
Durante la audiencia realizada el 17 de junio, la Fiscalía presentó pruebas sólidas sobre la participación de los imputados en el linchamiento y homicidio de los agentes, así como en la privación ilegal de la libertad de al menos siete personas.
El juez determinó procesar a los ocho acusados por los delitos de homicidio calificado, lesiones dolosas, privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa. Además, dictó prisión preventiva oficiosa para todos.
El caso atrajo la atención nacional por la relación de los hechos con un grupo religioso formalmente registrado en el país, pero que mantenía prácticas fuera del marco legal. La Secretaría de Gobernación confirmó que la agrupación está inscrita en el registro de asociaciones religiosas, aunque el inmueble cateado operaba sin los permisos correspondientes para la congregación de personas.
La PGJEH subrayó que continúan las investigaciones para determinar si existen más posibles implicados y para identificar la red de vínculos de la agrupación. Las autoridades trabajan en coordinación con la Comisión Nacional Antisectas y la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de investigar posibles delitos asociados, como lavado de dinero y trata de personas.
Familiares y asociaciones civiles han solicitado la intervención de organismos de derechos humanos para vigilar el proceso y garantizar que las víctimas reciban atención y protección. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha abierto un expediente para dar seguimiento al caso y coordinar acciones de apoyo.
El proceso judicial continuará en los próximos meses, mientras las investigaciones avanzan y se reúnen más elementos en torno a la operación de este grupo religioso y sus responsables.
