En entrevista tras su audiencia judicial, la exregidora Carla Berenice Esparza Quintero afirmó que fue criminalizada injustamente desde 2021 por exhibir actos de corrupción. Hoy teme por su vida.
Carla Berenice Esparza Quintero, exregidora y exasesora del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, denunció públicamente una presunta persecución política en su contra, que —afirma— inició desde el año 2021 tras señalar presuntos actos de corrupción dentro del gobierno municipal, que en eso entonces encabezó, Luis Michel. Fue entrevistada al final de la audiencia de imputación en su contra, donde narró los hechos con la voz entrecortada por el llanto, a grado tal que terminó la entrevista con lágrimas en el rostro y dejar dicho que teme por su vida.
De acuerdo con su declaración, todo comenzó en noviembre de 2021 a raíz de una denuncia anónima que, con el tiempo, se transformó en acusaciones formales por abuso de autoridad, abandono de funciones y delitos de carácter penal. Esparza Quintero sostiene que fue señalada injustamente después de haber expuesto en una sesión de Ayuntamiento un intento de soborno y el presunto desvío de cientos de millones de pesos.
«Por hablar, por estar hablando, ahora voy a estar en la cárcel. Por haber dicho que se estaban robando dinero, ahora resulta que yo soy la ladrona», señaló.
Entre sus declaraciones, expone que incluso mostró pruebas ante la opinión pública —incluyendo un sobre con dinero—, lo que derivó, asegura, en un proceso de criminalización en su contra. También lamentó la postura del actual asesor del Ayuntamiento y del propio presidente municipal, Luis Munguía, quienes, afirma, desconocen documentos oficiales que prueban su inocencia.
“He recibido por Transparencia documentos firmados por la oficial mayor, el mismo presidente y el síndico, donde se establece que no existe ningún procedimiento en mi contra, ni contra los otros dos señalados, desde 2021 hasta la fecha”, puntualizó.
Respecto a las personas señaladas junto con ella, afirmó que sí estaban laborando y que existe constancia de ello: “Sus firmas están en los servicios documentados donde acudían a cobrar a la Secretaría General. No tenían nombramientos oficiales, pero estaban adscritos ahí. Nadie levantó ningún procedimiento porque estaban trabajando”.
En su testimonio, también narró un incidente de alto impacto emocional cuando — el día de ayer— fue detenida de forma violenta mientras viajaba con su hijo menor de edad. Policías le cerraron el paso con una patrulla sobre la carretera federal, si bien no portaban armas, ella tampoco opuso resistencia. Fue retenida durante cuatro horas en el Ministerio Público sin acceso a un abogado ni a comunicación con familiares.
“Han sido tres años horribles. Me dañaron la salud, psicológicamente, mi carrera política, mi empleo, mi familia… y no se cansan. ¿Soy inocente? Totalmente”, expresó.
Finalmente, visiblemente afectada, aseguró haber perdido la confianza en las instituciones y anunció su decisión de alejarse de la vida pública. “Ya no quiero saber nada de política. Tengo miedo. Tengo un hijo. No tengo dinero ni he pagado mis cuentas. ¿Cuántas veces denuncié? ¿Cuántas veces quise contar y nadie me escuchó?”
La exregidora concluyó pidiendo que cesen las persecuciones contra quienes solo quieren hacer bien su trabajo: “Tenemos miedo y ya no sabemos en quién confiar”.
