El gobernador de San Luis Potosí revela que diversas direcciones del ayuntamiento de Matehuala podrían estar bajo el mando directo de la delincuencia organizada; la Fiscalía estatal ya rastrea al alcalde Raúl Ortega tras la desaparición de siete electricistas.
La seguridad en el Altiplano potosino se encuentra en su punto más crítico. Este 26 de marzo de 2026, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona lanzó una advertencia contundente: existen investigaciones avanzadas que sugieren que el crimen organizado no solo tiene nexos con las autoridades de Matehuala, sino que ya ha incursionado en las direcciones municipales, manejando recursos y mandos operativos. Esta crisis estalló tras la reciente desaparición y posterior liberación de siete electricistas en la peligrosa carretera federal 57.
Instituciones «entregadas» a los maleantes
Gallardo detalló que la infiltración ha llegado a un «nuevo nivel», donde los criminales dirigen corporaciones y deciden el rumbo de las dependencias. «Hay direcciones del municipio que están entregadas totalmente al crimen», afirmó el mandatario, señalando directamente a la administración del alcalde Raúl Ortega Rodríguez. La Fiscalía General del Estado busca determinar si el edil es cómplice activo o si su gobierno ha sido rebasado por grupos como «Los Alemanes», una escisión del Cártel del Noreste que domina la zona.
El fantasma de la narcopolítica
El caso ha hecho recordar la detención del exalcalde de Tequila, Jalisco, por vínculos con el CJNG, encendiendo las alarmas sobre la «narcopolítica» en los municipios colindantes con Nuevo León y Coahuila. Mientras el alcalde Ortega asegura que su gobierno no ha sido omiso y que cuenta con una de las fuerzas policiales más numerosas de la región, las denuncias de extorsión, robo de carga y secuestros en la carretera 57 cuentan una historia de terror diferente para los viajeros y trabajadores.
Carretera 57: El eje del conflicto
La importancia estratégica de Matehuala radica en su conectividad, lo que la convierte en el epicentro de disputas territoriales. Para los investigadores, el control de este tramo carretero permite a las organizaciones criminales dominar el flujo de mercancías y personas en el noreste de México. En este marzo de 2026, la sociedad civil exige que se limpie la administración pública, pues la mayor amenaza para la seguridad de los jóvenes y trabajadores parece estar dentro de las mismas oficinas gubernamentales que deberían protegerlos.
Fuente: Gobierno del Estado de San Luis Potosí / Fiscalía General | © Redacción NoticiasPV