Acompañada por la cúpula nacional del PAN, la gobernadora Maru de Chihuahua calificó su citatorio como una simulación política y criticó el trato diferenciado frente al caso de Rubén Rocha Moya.
Los frentes de confrontación jurídica entre los estados de oposición y la federación sumaron un nuevo capítulo en los tribunales capitalinos. La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia «Maru» Campos Galván, compareció de manera formal ante las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicadas en la colonia Doctores de la Ciudad de México, para rendir su declaración testimonial en torno a las carpetas de investigación abiertas por la presencia no acreditada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos en un operativo de desmantelamiento de laboratorios de droga en el municipio norteño de Morelos.
Al término de la diligencia ministerial, la mandataria chihuahuense emitió un pronunciamiento público cobijada por liderazgos nacionales del Partido Acción Nacional (PAN), entre los que destacaron el dirigente del partido, Jorge Romero Herrera; el senador Germán Martínez; el excandidato presidencial Ricardo Anaya; el asesor legal Roberto Gil Zuarth, y los alcaldes Mauricio Tabe Echartea y Alessandra Rojo de la Vega. Campos Galván aseveró que su administración colaboró plenamente con los requerimientos ministeriales tras haber cumplido con sus obligaciones de decomiso de estupefacientes, pero acusó al Gobierno federal de ejecutar un uso político de las instituciones judiciales bajo un esquema de «autoritarismo disfrazado de justicia» enfocado en intentar fabricarle un expediente penal simulando un citatorio de testigo.
El argumento central expuesto por la jefa del Ejecutivo chihuahuense se fundamentó en la existencia de un presunto doble rasero institucional dentro de las agencias de procuración de justicia del país. Campos Galván contrastó la celeridad de su requerimiento legal con la situación de impunidad que, desde su perspectiva, cobija al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien a pesar de encarar señalamientos por parte de agencias extranjeras de seguridad debido a supuestos vínculos con las cúpulas del narcotráfico, recibe consideraciones diferenciadas frente a los procedimientos penales, remarcando que en su propio caso no existe ninguna acusación formal asentada.
La comparecencia ante el Ministerio Público de la Federación coincide cronológicamente con otras presiones de índole legal desplegadas contra la administración de Chihuahua. La gobernadora recibió un requerimiento por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México derivado de una denuncia por presunto secuestro interpuesta por el exmandatario Javier Corral Jurado, misma que la autoridad de la capital aclaró se trata de una notificación de audiencia donde se determinó el no ejercicio de la acción penal. De manera paralela, un bloque de once legisladores locales del partido oficialista Morena promovió una solicitud de juicio político en su contra ante la Cámara de Diputados, la cual tiene como fecha límite de ratificación el próximo 29 de mayo.
Fuente: FGR | © Redacción NoticiasPV